Guanajuato.- La diputada Hades Aguilar Castillo de Morena y el diputado Sergio Contreras Guerrero del Partido Verde, exigieron auditar al gobierno de León por el presunto esquema de corrupción de la empresa fachada Office and Publicity MDF, S. de R.L. de C.V., así como ampliar la revisión de contrataciones en dicho municipio.
Primeramente, la legisladora Aguilar presentó un punto de acuerdo para exigir una auditoría integral al municipio ante indicios graves de corrupción en contratos públicos, particularmente a la que es señalada como posible empresa fachada.
En su posicionamiento desde tribuna, Aguilar señaló que dicha empresa recibió 12 contratos del gobierno de León entre octubre de 2024 y diciembre de 2025 por más de 7.3 millones de pesos, 11 de ellos por adjudicación directa, incluyendo la licitación para útiles escolares, a pesar de tener un giro de publicidad.
Advirtió que existen indicios de simulación corporativa y uso de prestanombres, pues una de las supuestas socias declaró no saber que era empresaria y no saber leer ni escribir, mientras que el domicilio reportado en Ciudad de México no corresponde a una operación real, como se detalló al revelarse que el municipio contrató a empresa fachada.
La postura de encubrimiento por parte de funcionarios públicos de León, quienes han dicho que basta con que la empresa esté en el padrón de proveedores, es inaceptable y contraria a los principios de honradez, según señalaron los legisladores en el Congreso del Estado.
Recalcó que los hechos no pueden tratarse como simples “errores administrativos”, sino como un posible esquema de corrupción que debe investigarse a fondo por las autoridades correspondientes.
“En el poder siguen haciendo sus cochinadas, sus marranadas”, enfatizó la diputada, quien exigió a la Contraloría presentar una denuncia penal, “y no vengan con cuentos chinos, que diga la Contralora que no se puede denunciar”.
Hades Aguilar advirtió que llegarán hasta las últimas consecuencias del caso para esclarecer el destino de los recursos públicos.
La propuesta plantea instruir a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) a incluir una fiscalización integral al municipio de León por los ejercicios 2022 a 2025 y de manera concomitante en 2026; además de exhortar a la Contralora a presentar denuncia penal.
Pide Sergio Contreras ampliar investigación
Sergio Contreras. Foto: Congreso de Guanajuato.
El diputado Sergio Contreras presentó un punto de acuerdo para exhortar al Órgano Interno de Control del Municipio de León, para que amplíe la investigación iniciada respecto de la inscripción y contratación de la persona moral Office and Publicity MDF, S. de R.L. de C.V.
Lo anterior, para verificar el cumplimiento de registro, capacidad real de suministro y la actuación de la Tesorería Municipal, la Dirección General de Recursos Materiales y los Comités de Adquisiciones involucrados; y determine responsabilidades administrativas.
Asimismo, para que la Auditoría Superior examine de manera específica los procedimientos de contratación y los pagos realizados a la empresa señalada, a efecto de determinar las irregularidades en la gestión financiera vinculadas a dichas contrataciones.
El legislador subrayó que “una empresa que es proveedora de un gobierno, con contratos millonarios, domicilios fantasmas y personas fundadoras que ni enteradas están, levanta más que sospechas razonables de que algo raro está sucediendo”.
Refirió las publicaciones hechas por el periódico AM, destacando lo afirmado por una ciudadana quien manifestó ser trabajadora del hogar y no saber leer ni escribir, lo que sugiere una posible utilización de su identidad para fines ilícitos en esta empresa fachada.
“Como suele decir mi compañero Víctor Zanella, el dinero es sagrado”, expresó Contreras al referirse al manejo de los impuestos de los leoneses.
Recordó que él mismo formó parte del Comité de Adquisiciones en el municipio de León, “y por supuesto se tiene la obligación que la empresa no solo cumpla los requisitos legales de una acta constitutiva sino una serie de formalidades que hoy no se tienen”.
La obvia resolución no fue aprobada por la mayoría, por lo que el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.
Que revisen a profundidad
Ana Esquivel Arrona. Foto: Congreso de Guanajuato.
La diputada Ana Esquivel Arrona, del PAN, llamó a que se revisen a profundidad las presuntas irregularidades con las que habría operado la empresa que recibió contratos por 7.3 millones de pesos por parte del municipio de León.
“Siempre los gobiernos emanados de cualquier fracción tienen que tener total transparencia definitivamente en cuanto a la contratación de empresas, siguiendo justamente todo lo que marca la reglamentación”, expresó la legisladora.
En este caso específico, subrayó que ya la Contraloría Municipal está haciendo las revisiones para esclarecer la situación de la empresa proveedora.
“Y creo que es muy importante que se revise a profundidad, porque yo estoy segura que no se toleraría ninguna cuestión que falte a la reglamentación. Tendríamos que esperar a las determinaciones justamente de la auditoría”, añadió Esquivel.
De acuerdo con Ana Esquivel, “si hay que castigar, pues se castigará, si no hay que castigar, nada más hay que aclarar” ante la opinión pública.
Sobre las personas que aparecen como accionistas de la empresa Office and Publicity MDF que no reconocen su participación, la diputada enfatizó que cada persona puede decidir en este sentido lo que consideren conducente en materia legal.
Se le preguntó también si cabría una acción legislativa para advertir a las empresas, a lo que respondió que está muy clara la Ley de Hacienda y las reglamentaciones de los municipios, por lo que simple y sencillamente hay que acotarlos.
“Y en caso necesario, haremos desde el punto legislativo alguna revisión por si faltara alguna anotación importante que clarificara mejor estos procesos”, apuntó la panista.
Morena prepara acción legislativa
El diputado David Martínez Mendizábal de Morena adelantó que su bancada solicitará una auditoría integral al municipio de León, tras conocerse el modus operandi de esta presunta empresa fachada.
El legislador cuestionó el hecho de que una persona que se dedica a tareas domésticas aparezca como dueña de un contrato millonario, sin tener conocimiento, lo que consideró como una grave irregularidad administrativa.
“Eso merece no solamente una revisión de ese caso en particular, sino una auditoría integral en el municipio de León. Mañana vamos a hacer un pronunciamiento al respecto”, expresó el legislador Martínez.
Empresa fachada en León: 12 contratos y 7.3 millones bajo la lupa
La Contraloría de León detectó posibles actos de corrupción tras el otorgamiento de 7.3 millones de pesos a una empresa que carece de infraestructura real. La proveedora recibió 12 contratos mediante procesos de adjudicación que ahora son investigados.
El caso ha encendido las alarmas sobre los mecanismos de fiscalización interna en el municipio. Las autoridades buscan rastrear los recursos para identificar si este esquema de simulación se ha replicado en otras dependencias.
Las auditorías revelaron que el domicilio fiscal de la empresa es una propiedad deshabitada, sin rastro de actividad comercial. Esto refuerza la hipótesis de que se trata de una “empresa fachada” operando en León.
La investigación en León se centra en contratos de consultoría y mantenimiento que, presuntamente, nunca se ejecutaron. La rapidez con la que se aprobaron los pagos sugiere una posible complicidad administrativa.
La Contraloría de León analiza los perfiles de los socios de la empresa para verificar si tienen vínculos con actuales o anteriores servidores públicos de Guanajuato. El objetivo es deslindar responsabilidades penales en México.
En Guanajuato, las penas por peculado y simulación de servicios son severas. El ayuntamiento de León aseguró que no habrá impunidad y que se colaborará plenamente con la Fiscalía Anticorrupción.
El sector empresarial de León ha exigido que se transparente el padrón de proveedores. Consideran que este tipo de irregularidades afectan la libre competencia y el desarrollo económico.
Finalmente, la propia Contraloría municipal emitirá un dictamen final en las próximas semanas. De encontrarse pruebas contundentes, el caso pasará a tribunales para buscar la recuperación de los 7.3 millones de pesos en México.
AAK