La empresaria Carmen Pano ha confirmado ante el Tribunal Supremo que acudió en dos ocasiones a la sede del PSOE para entregar dinero en efectivo y ha respaldado la tesis de que la compra de un chalé en Cádiz estuvo vinculada al exministro de Transportes José Luis Ábalos en el marco de la investigación del denominado caso Koldo, desplazando el foco sobre las presuntas contraprestaciones que las empresas de la trama ofrecían por los favores recibidos.
Pano, ante los siete jueces del tribunal, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón y las defensas de Ábalos y el resto de imputados, ha ratificado que transportó al menos 90.000 euros en efectivo, en dos entregas de 45.000, hasta la sede federal de los socialistas en la calle Ferraz.
El relato, coincidente con el de otros testigos, describe un procedimiento reiterado y opaco en el trasiego de dinero en billetes de 50 y 100 euros, introducido en bolsas de plástico dentro de otras de papel sin identificación y entrCegado a una persona no identificada en el interior del edificio. La empresaria subrayó, no obstante, que desconocía el destinatario final y la finalidad concreta de esos fondos, pero relató que pasó la identificación de la entrada de la sede del PSOE, usó el ascensor y entregó las bolsas a un hombre que todavía sigue siendo un misterio.
Según su declaración, el origen del dinero estaría vinculado al empresario Víctor de Aldama, también imputado en la presunta red investigada y nombrado como el “nexo corruptor” por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sin embargo, este ha negado haberle entregado fondos con ese propósito.
El testimonio de un tercer actor, Álvaro Gallego —quien acompañó a Pano en uno de los desplazamientos—, aporta un elemento adicional de verosimilitud al afirmar haber visto “tacos de billetes” en la bolsa transportada. En conjunto, las declaraciones dibujan una operativa basada en intermediarios y encargos sucesivos, característica habitual en tramas donde se intenta diluir la trazabilidad de los pagos.
El chalé de Cádiz: de inversión a presunta contraprestación
Más allá del dinero en efectivo, uno de los puntos más sensibles de la declaración se centra en la adquisición de una vivienda en La Alcaidesa (Cádiz). Según Pano, la operación, inicialmente planteada como inversión por Claudio Rivas, igual que ella investigado en la trama de hidrocarburos por la adquisición de la licencia de operador para la empresa Villafuel, habría derivado en una finalidad distinta: satisfacer una supuesta petición del entonces ministro Ábalos.
La empresaria fue explícita al confirmar, a preguntas de la Fiscalía, que la compra del inmueble respondía a una contraprestación vinculada a gestiones para la obtención de la licencia. En su declaración, Pano se remontó a una reunión ocurrida el 28 de diciembre de 2020 en el Ministerio de Transportes, a la que acudió en compañía de Rivas y de dos técnicos llegados desde Córdoba. En el despacho los recibió el exasesor del ministro, Koldo García, quien los llevó a una sala para verse con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la entonces titular de Industria, Reyes Maroto.
La dinámica descrita por los testigos refleja un ecosistema donde las decisiones públicas y los intereses privados se entrelazan de forma difícil de delimitar, lo que complica tanto la investigación como la atribución de responsabilidades individuales.
Desde el PSOE se ha insistido en que la financiación del partido es transparente y procede de sus cuentas oficiales, restando credibilidad a las acusaciones. Sin embargo, la reiteración de testimonios en sede judicial mantiene el caso en el centro del debate político. @mundiario