“La ONU y la desaparición forzada”
El informe reciente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU vuelve a colocar a México en el centro de la preocupación internacional por la persistencia de este delito. El documento señala que la desaparición forzada no es un fenómeno aislado, sino una práctica que, en ciertos contextos, presenta patrones sistemáticos vinculados a la impunidad, la debilidad institucional y, en algunos casos, la posible participación o aquiescencia de agentes del Estado. El Comité destaca problemas estructurales como la falta de registros confiables, la insuficiente coordinación entre fiscalías, y la lentitud en las investigaciones, lo que perpetúa el sufrimiento de miles de familias.
En este contexto, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido firme y crítica hacia el organismo internacional. Sheinbaum rechazó la caracterización de que en México exista una política de Estado orientada a la desaparición forzada, argumentando que el gobierno actual no solo no promueve estas prácticas, sino que ha fortalecido los mecanismos de búsqueda y atención a víctimas. Subrayó que su administración ha incrementado recursos para comisiones de búsqueda, ha impulsado reformas legales y ha priorizado el enfoque de derechos humanos en la seguridad pública.
La tensión surge precisamente en la diferencia de enfoques. Mientras el Comité de la ONU observa el fenómeno desde una perspectiva estructural y de largo plazo, que incluye responsabilidades históricas del Estado mexicano, el gobierno federal insiste en distinguir entre administraciones pasadas y presentes. Para el organismo internacional, la obligación del Estado es continua, independientemente de los cambios políticos; para el gobierno, en cambio, es crucial marcar un quiebre con prácticas anteriores.
Otro punto de fricción es el uso del término “sistemático”. La ONU lo emplea para describir patrones recurrentes que requieren atención urgente, sin necesariamente implicar una política deliberada centralizada. Sin embargo, el gobierno interpreta esta calificación como una acusación directa que podría afectar la imagen internacional del país y su legitimidad interna.
A pesar de la confrontación discursiva, ambos coinciden en la gravedad del problema y en la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales. No obstante, la desconfianza mutua dificulta la construcción de una agenda conjunta más efectiva, especialmente en temas como la transparencia de datos, la participación de organismos internacionales en investigaciones y la protección de colectivos de búsqueda.
En conclusión, el informe del Comité de la ONU y la respuesta del gobierno de Sheinbaum reflejan una tensión clásica entre supervisión internacional y soberanía nacional. Mientras la ONU enfatiza la urgencia de reconocer patrones estructurales para erradicar la desaparición forzada, el gobierno mexicano defiende su legitimidad y sus avances. Superar esta brecha requerirá no solo diálogo, sino también resultados tangibles que respondan a las víctimas, cuyo reclamo de verdad y justicia sigue siendo el centro del problema.
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