Cuando se trata de evaluar la calidad democrática de un determinado sistema político hay que considerar diversos parámetros. En primer lugar, aquellos que hacen referencia a las características de las normas legales vigentes en ese país. Por citar tres criterios habitualmente invocados en la literatura que analiza esta cuestión: el efectivo reconocimiento de los derechos humanos, las garantías establecidas para asegurar la separación de poderes y el diseño adecuado de mecanismos de control que neutralicen posibles intentos de mutación antidemocrática por parte de una mayoría parlamentaria.
En todo caso, en el conjunto de factores que influyen en el juicio sobre la calidad existente en el funcionamiento del sistema democrático, hay que citar también el ejercicio que practican las fuerzas que hegemonizan la oposición en las Cámaras legislativas. Se habla, en muchas ocasiones, de la necesidad de realizar una labor constructiva que combine un exigente control de la actuación del Ejecutivo con una oferta de actuaciones alternativas concretas. Encontrar semejante equilibrio puede proporcionar réditos electorales futuros pero, sobre todo, transmite una pedagogía muy importante para la propia salud democrática del cuerpo social.
Desde julio de 2023 el PP viene asumiendo, con una perseverancia digna de mejor causa, una línea de confrontación con el Gobierno que no se compadece con los criterios generales que afirma defender en su labor en las instituciones del poder legislativo del Estado. Amparándose en la supuesta ilegitimidad del Gobierno de coalición derivada de no haber alcanzado el PSOE la condición de fuerza electoral más votada y del apoyo recibido en la investidura de Pedro Sánchez por parte de organizaciones soberanistas e independentistas, Núñez Feijóo promovió una estrategia de máxima beligerancia parlamentaria, sin hacer caso de las especificidades y/o importancia de los asuntos objeto de debate y decisión.
La oposición como instrumento de desgaste político permanente: el Senado convertido en escenario de confrontación y no de reforma institucional
Desde la proposición de ley de la amnistía para las personas implicadas en el "procés" catalán hasta la reducción de la jornada laboral, pasando por diversas medidas tendentes a neutralizar los impactos de las crisis energéticas derivadas de las intervenciones bélicas en Ucrania e Irán, la postura adoptada siempre buscó la derrota de la mayoría de la investidura por encima de cualquier otra consideración. Una de las máximas expresiones de esa orientación destructiva está localizada en el uso que está haciendo de la mayoría absoluta en el Senado.
Banderas autonómicas en el Senado de Espan?a. / Wikipedia
En vez de aprovechar esa circunstancia para trabajar en favor de una reforma de esa institución que permitiera acercarla a su pretendida condición de Cámara territorial, se está promoviendo una secuencia surrealista de comisiones de investigación que solo pretenden erosionar la imagen de Pedro Sánchez. El último ejemplo de esta caricatura es la iniciativa para analizar la situación por la que atraviesa RTVE, obviando que ya existe una comisión ordinaria de control de ese ente público y que, con la misma lógica argumental, también se debería investigar —en los Parlamentos correspondientes— el estado de la CRTVG (ahora CSAG) y de Telemadrid.
Dos acontecimientos recientes tuvieron una importante repercusión mediática y social: la intervención militar ilegal decidida por Trump y Netanyahu sobre los territorios de Irán y Líbano y los insultos xenófobos y racistas proferidos por una buena parte de las personas asistentes al partido de fútbol entre España y Egipto. En los dos casos, los dirigentes del PP optaron por una significativa prudencia declaratoria: buenos deseos genéricos sin críticas concretas a los causantes de la masacre bélica y a los grupos inspiradores de los silbidos al himno del país árabe y de los gritos "musulmán el que no bote". Feijóo tiene que cuadrar un círculo casi imposible: alcanzar a corto plazo pactos de Gobierno en Extremadura, Aragón y Castilla y León con un partido —Vox— que está totalmente identificado con los mandatarios de la Casa Blanca y de Tel Aviv y que no fue capaz de condenar las expresiones xenófobas escuchadas en Barcelona. Una formación política cuyo secretario general —Ignacio Garriga— definió recientemente a Feijóo, Mar Sánchez y Miguel Tellado como "clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría".
Desde hace tiempo, en el ámbito de la derecha mediática gallega, se construyó una caricatura de uso recurrente: supuestamente, la línea de actuación seguida por el nacionalismo político que representaba el BNG sería un ejemplo de política destructiva —"los del no", se decía habitualmente— frente a un PPdG que exhibía un talante constructivo. En los casi 20 años en los que Alberto Núñez estuvo en la primera línea de la política gallega hizo una demostración práctica de su manera de entender el comportamiento cuando se está en la oposición y en el Gobierno: se negó a pactar la reforma del Estatuto de Autonomía en el año 2007, no ofreció colaboración institucional para combatir la ola incendiaria del verano de 2006 y, posteriormente, ya instalado en la presidencia de la Xunta, rompió el consenso legal en materia lingüística establecido en el final del mandato de Manuel Fraga.
Con estos antecedentes no cabe mucha sorpresa ante la hoja de ruta que nos están ofreciendo los dirigentes de la calle Génova durante los últimos cuatro años. @mundiario