Durante la LXVI Legislatura en curso el Congreso de la Unión ha aprobado 25 decretos de reformas a la Constitución, de los cuales dos están pendientes de la emisión de la declaratoria de constitucionalidad correspondiente para su remisión al Ejecutivo federal y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), requisito para su vigencia.
Aprobado por unanimidad del pleno de la Cámara de Senadores el 9 de octubre de 2024 y remitido desde entonces a las Legislaturas de las entidades federativas para su aprobación y pese a que ya fue ratificado por 31 de 32 —las reformas a la Constitución requieren de la ratificación de al menos 17 Congresos locales—, a la fecha el Congreso mexicano no ha emitido la declaratoria de constitucionalidad de las reformas al primer párrafo de la fracción VI del Apartado A y tercer párrafo a la fracción IV del Apartado B del artículo 123 constitucional en materia de salarios, cuya iniciativa fue presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La enmienda establece que los salarios de maestros, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada Permanentes, médicos y enfermeras no podrán ser menores que el salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Concretado su trámite legislativo por la Cámara de Diputados la semana pasada, la emisión de la declaratoria de constitucionalidad del decreto por el que se reforman los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución —los cambios fueron propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— para reducir el número síndicos y regidores, el presupuesto de los Congresos locales y el salario de los altos funcionarios electorales también está pendiente.
La primera reforma constitucional aprobada por la Legislatura en curso, promulgada el 15 de septiembre de 2024, fue la del Poder Judicial, que establece la elección de ministros, magistrados y jueces.
Entre los 23 decretos de reformas constitucionales ya promulgadas se encuentra el que modifica los artículos 4o., 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género.