Guanajuato.- Guanajuato registró 214 casos de lesiones por violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes entre el 1 de enero y el 15 de marzo, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal. De las víctimas, 184 fueron mujeres y 30 hombres.
Los datos muestran que la violencia machista domina estos casos. En 179 agresiones, equivalentes a 83.6 %, los responsables fueron hombres. Además, 86 % de los hechos ocurrió dentro de los hogares.
La mayor concentración de víctimas se ubicó en León, Irapuato y Celaya, que reunieron 63 % de los casos registrados en el estado, en un contexto donde el estado concentra tres de cada diez asesinatos de niños en México.
“Los datos de Salud son servicios de los muy poquitos que llegan (a conocerse), porque además estos datos no son el universo de lo que está sucediendo. Como estamos hablando de un tipo penal y de una tipología ubicada como violencia familiar, la gran mayoría no se denuncia”, afirmó Juan Martín Pérez García, director de la organización Tejiendo Redes Infancia.
El especialista advirtió que esta violencia responde a una lógica de poder que se ejerce dentro de las familias y golpea sobre todo a mujeres, hijas e hijos.
“La mayoría se da en una lógica de poder: el proveedor, casi siempre hombre, los datos nos lo confirman, obviamente si hay violencia familiar hay contra la madre, contra los hijos y las hijas, que se reflejan en estos datos y obviamente estamos en contextos de violencia normalizada, además de la violencia del estado: violencia armada, crímenes y otras cosas”.
Pérez García señaló que muchas agresiones todavía se minimizan con frases como “no pasó a mayores” o ideas como “la nalgada a tiempo”. Aun así, dijo, esa visión empieza a cambiar y las nuevas generaciones ya denuncian estos hechos.
Aclaró además que estos registros solo muestran los casos que llegaron a hospitales, no todos los que ocurren en la entidad.
Violencia en casa y omisiones
De las 214 lesiones registradas, 169 correspondieron a adolescentes de 13 a 17 años. Otras 45 víctimas eran niñas y niños de 0 a 12 años. Para el especialista, el dato confirma el peso de la violencia de género en estos casos.
En ese mismo periodo, la Secretaría de Salud registró 37 víctimas de abuso sexual en Guanajuato. “Lo que viene a ratificar lo que hemos señalado: ocho de cada diez víctimas (de este tipo) ocurren en contextos familiares”, dijo el activista.
En Guanajuato, el índice de impunidad general es de 90.65 %, de acuerdo con el estudio Radiografía de la Impunidad, 2024: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México, publicado por México Evalúa y la Friedrich Naumann Foundation.
De los 37 casos de abuso sexual, que incluyeron a dos varones, solo en 27 se contactó al Ministerio Público para dar seguimiento. Entre ellos estuvo el caso de una niña de 8 años con discapacidad, violentada por un pariente de 70 años que no era su padre.
Cuatro adolescentes de entre 14 y 15 años resultaron embarazadas a consecuencia del abuso sexual.
Aunque existe un protocolo obligatorio para denunciar estas agresiones desde el sector salud, Pérez García aseguró que persisten prácticas de omisión que frenan el aviso al Ministerio Público, incluso en casos graves.
“Pero lo están dejando de hacer intencionalmente por dos factores: 1) Porque tienen presiones administrativas o sindicales, porque al denunciar la violencia se vuelven testigos y el MP los va a estar citando para ampliar su declaración, y si el caso se judicializa, los van a estar citando en el Poder Judicial.
“Esto administrativamente a la Secretaría de Salud le cuesta tiempo u horas de trabajo, porque tiene que, o pagar horas extras a alguien que cubra ese personal, o se quedan sin ese personal”.
Según el director de Tejiendo Redes Infancia, las autoridades terminan priorizando la carga administrativa sobre la atención de la violencia.
“… no tengo recurso humano, no quiero meterme en este tema administrativo y agotador, mejor, si no es que está muerto, si no hay mutilación o algo así, ni lo reporto”.
Aclaró que no se trata de una política institucional formal, pero sí de una práctica tolerada por omisión o complicidad. Añadió que eso valida castigos físicos y emocionales contra niñas, niños y adolescentes bajo un “pacto patriarcal”.
También vinculó esta conducta con la intención de bajar las cifras de violencia para aparentar eficacia institucional.
Secuelas y focos de riesgo
La Secretaría de Salud federal reportó 12 víctimas de abuso físico y 99 de abuso psicológico. Además, registró 36 casos con distintos tipos de ansiedad y/o depresión, incluido uno de trastorno postraumático.
También detectó seis casos de negligencia o abandono y al menos 12 de traumatismo físico, desde lesiones superficiales en la cabeza hasta traumatismos múltiples, además de cinco intracraneales.
El análisis del parentesco mostró otro foco de riesgo: en 87 de los 214 casos, el principal agresor fue el cónyuge, pareja o novio. Por eso, Pérez García pidió poner atención a las señales de violencia en el noviazgo.
Advirtió además que muchas personas han cambiado el golpe por castigos crueles y humillantes, que también dejan secuelas. Como ejemplo, recordó el caso reciente de un automovilista que en Tlalpan bajó de noche a su hijo de 5 años en una calle vacía para “disciplinarlo”.
“Hay afectaciones muy marcadas en temas de ansiedad”, advirtió.
Pérez García también alertó que solo en cuatro casos se canalizó a un servicio especializado, lo cual es crítico dado que Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en extorsión a menores.
“En análisis de política pública, las 403 víctimas del Secretariado (SESNSP) y las 214 víctimas en Salud, esas son las que tendríamos que darle seguimiento focalizado porque son ya, de entrada, las que tienen mayor riesgo de que puedan ser víctimas de violencias extremas machistas, incluso el feminicidio”.
El activista sostuvo que estos datos deben servir para tomar decisiones públicas y proteger a las víctimas con mayor riesgo, especialmente con acciones de apoyo a jefas de familia.
También advirtió que, en un entorno de impunidad, la violencia de la calle se reproduce dentro de los hogares. Ahí, dijo, quienes viven de la violencia también la ejercen contra su propia familia, a la que consideran de su propiedad.
Irapuato encabeza denuncias; DIF atiende 230 reportes
Irapuato es el municipio de Guanajuato con más denuncias por violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes, incluso por encima de León, que tiene tres veces más población.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de las 403 víctimas menores de edad registradas en el estado entre enero y febrero de 2026, 101 corresponden a Irapuato. De ellas, 39 son hombres y 62 mujeres.
Junto con León y Celaya, Irapuato concentra 63 % del total estatal de denuncias.
“Esto es importante porque ya nos dice dónde la autoridad ya tendría qué poner más atención o dónde está fallando más, argumentos que no son excluyentes”, dijo Juan Martín Pérez García.
En ese contexto, la Procuraduría Auxiliar de Protección del DIF Irapuato ha atendido 230 reportes por probable vulneración de derechos en lo que va del año, informó su titular, Claudia Patricia Vaca Hernández.
La funcionaria explicó que la Procuraduría no inicia denuncias de manera directa. Interviene a partir de reportes ciudadanos o institucionales.
“Nosotros trabajamos a través de reportes de probable vulneración de derechos para realizar el procedimiento conforme a la ley”, señaló.
Detalló que, tras recibir un reporte, un equipo integrado por abogados, psicólogos y trabajadores sociales acude al domicilio para hacer un diagnóstico.
“Nos constituimos en el lugar, hacemos una investigación y detectamos qué derechos están siendo vulnerados, como falta de acceso a la educación, salud o casos de violencia”, explicó.
A partir de esa revisión, cada caso se canaliza a instancias como Salud o Educación para restituir derechos.
Vaca Hernández agregó que cualquier persona puede denunciar de forma anónima un caso de posible violencia, ya sea directamente ante la Procuraduría o a través del 911.
“Si hay peligro para la vida, integridad o libertad, se atiende de manera inmediata, sin importar la hora”, indicó.
Actualmente, el DIF Irapuato tiene a 87 menores bajo acogimiento residencial, una medida que solo se aplica cuando no existe un entorno familiar seguro.
Reduce CAFI 67 % trabajo infantil en cruceros
Los operativos en los cruceros de Celaya redujeron 67 % la presencia de menores trabajadores respecto al cierre del año pasado. A la par, la Coordinación de Acciones a Favor de la Infancia (CAFI) mantiene vigilancia sobre su integridad física y emocional para evitar que esos entornos deriven en casos de violencia familiar.
En entrevista, la coordinadora del CAFI, Erika Velázquez Cortés, señaló que su labor es de asistencia social y prevención. Aunque no cuenta con información sobre casos de violencia familiar, dijo que la institución no ignora las señales de alerta.
Explicó que, ante cualquier indicio de golpes, maltrato o sospecha de violencia familiar, el protocolo municipal obliga a dar vista inmediata al Ministerio Público y a la Procuraduría Auxiliar de Protección.
“Se pudiera decir que precisamente nosotros estamos para eso, para prevenir que se desencadene una violencia familiar y nosotros al estar trabajando con ellos pudiéramos evitar que se llegue a estas cifras que ustedes nos comentan.
“Si nosotros detectamos algo así, nuestro protocolo nos indica que inmediatamente tenemos que dar vista al Ministerio Público”, comentó.
Para la titular del CAFI, la violencia no siempre se refleja en lesiones físicas. Señaló que el simple hecho de que un menor realice actividades laborales en los ejes viales ya constituye una forma de vulneración, por lo que estos casos se atienden mediante el programa de Crianza Positiva y apoyo psicológico.
Actualmente, la dependencia trabaja con un padrón de 100 familias bajo un esquema voluntario. El objetivo es fortalecer la dinámica familiar para evitar que la precariedad económica o la falta de comunicación detonen agresiones dentro del hogar.
Velázquez Cortés precisó que solo en el primer bimestre se reportó una disminución de 67 % en la presencia de menores trabajadores, lo que consideró un indicador positivo porque reduce la exposición a entornos de riesgo.
“Lo que nosotros hacemos es invitar a los padres a que se retiren de la calle y ofrecerles los programas que tenemos aquí para el bienestar de sus hijos.
“Por ejemplo, al término del año pasado, cerramos con un diagnóstico de 46 niños en los cruceros. Ahorita, en el mes de febrero, se levantó un diagnóstico y bajó la cantidad a 15 niños”, precisó.
Finalmente, expuso que los operativos y el diagnóstico de febrero se concentraron en los puntos con mayor afluencia de personas. Entre ellos mencionó el eje Clouthier y avenida Tecnológico, avenida Irrigación, el Centro Histórico en las calles Independencia y Morelos, así como el eje Juan Pablo II y Lázaro Cárdenas.
A destacar
- Más de la mitad de las atenciones hospitalarias en Guanajuato, entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026, estuvieron ligadas con la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
- Una de cada cinco fue una urgencia médica.
- Solo 11.6 % de los casos se canalizó al Ministerio Público. En abuso sexual, la proporción fue de poco más de dos de cada tres.
Fuente: Secretaría de Salud.