En medio de una ola de violencia, la diputada local del PAN en Chiapas, Jovannie Ibarra Gallardo, presentó ante el Congreso local una iniciativa que busca transformar el marco jurídico para enfrentar lo que define como “violencia criminal de alto impacto con efectos de terror social”.
La propuesta no crea nuevos delitos ni invade facultades federales, según explicó, sino que introduce una categoría jurídica novedosa: reconocer que ciertas conductas delictivas –como bloqueos, quema de vehículos, desplazamientos forzados, control territorial y amenazas generalizadas– generan un daño colectivo que el actual marco legal trata como hechos aislados.
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Durante 2025 y lo que va de 2026, el estado ha presentado un escenario de una escalada de violencia atribuida a grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y células locales como el Cartel Chiapas-Guatemala o grupos paramilitares en regiones como Tila, Pantelhó, Frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Digna Ochoa, han documentado más de 30 mil personas desplazadas internamente en los últimos dos años, principalmente en municipios de las regiones Norte y Selva.
Familias enteras han huido hacia ciudades como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal o incluso hacia Guatemala, sin visos de retorno.
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“El alto impacto sigue marcando la vida cotidiana”, declaró la diputada en entrevista.
“En Pantelhó y otros municipios, nos reportaron reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes a través de escuelas o simplemente en la calle”.