Especialistas en derechos humanos y acompañamiento a víctimas cuestionaron la postura del gobierno federal frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por su sigla en inglés), al considerar que se descalifica un diagnóstico basado en testimonios de familias y organizaciones, en lugar de atender la magnitud de la crisis de desapariciones en el país.
Durante un diálogo con medios, Andrea Horcasitas, del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, señaló que el informe no busca atacar al Estado mexicano, sino visibilizar la problemática a partir de las historias de vida de quienes buscan a sus familiares. “Calificar el diagnóstico es un error”, afirmó, al subrayar que, pese a avances normativos, estos no se han traducido en una disminución del fenómeno.
Además, advirtió que México carece de información suficiente para dimensionar plenamente fenómenos como la crisis forense y el desplazamiento. “Decir que México puede resolver esto sin apoyo internacional es faltarle a la verdad”, afirmó.
Por su parte, Humberto Guerrero, integrante de Fundar, consideró que la respuesta oficial ha sido evasiva, al centrarse en negar la existencia de una política de desapariciones forzadas desde el gobierno federal, cuando —dijo— ese no es el señalamiento principal del informe.
“El comité fue claro en que no encontró elementos suficientes para concluir que exista una política de ese tipo, pero eso no responde a los hallazgos más críticos”, explicó.
Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, quien urgió al Estado mexicano a reconocer la magnitud del problema y avanzar en soluciones concretas.
Durante la conferencia “Desaparecidos en México: memoria, verdad y exigencia de justicia”, organizada por la Universidad Iberoamericana, el especialista señaló que, pese a algunos avances normativos, las desapariciones continúan en aumento y la crisis forense se profundiza.
Cuestinan narrativa oficial
La organización Amnistía Internacional advirtió que en México persiste una crisis de desapariciones “generalizada y sistemática”, y cuestionó la narrativa del gobierno federal que —señaló— minimiza la magnitud del problema ante el escrutinio internacional.
Amnistía subrayó que la crisis está marcada por más de 133 mil personas desaparecidas y más de 72 mil cuerpos sin identificar, cifras que reflejan la dimensión del fenómeno y la persistente crisis forense.
La organización expresó preocupación por las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha sostenido que las desapariciones en México están vinculadas exclusivamente al crimen organizado y no constituyen desapariciones forzadas.
Para Amnistía Internacional, esta postura simplifica el problema e ignora evidencia documentada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado la posible participación, aquiescencia o tolerancia de agentes del Estado en estos delitos.