nullVicente de Jesús Peña Covarrubias
La semana pasada, la nueva Suprema Corte de Justicia emitió un criterio que valida las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias sin ninguna orden judicial cuando, a su juicio, haya indicios de terrorismo o lavado de dinero. Esto, se supone, como medida para proteger el sistema financiero.
El debate no es nuevo, pues la anterior Corte, consciente de los riesgos que implica, fue más estricta en el uso de esta medida, por lo que sostuvo que la UIF no podía bloquear cuentas libremente, sin control judicial previo. Solo consideró que el bloqueo sería válido sin autorización de un juez cuando la petición se realizara por una autoridad extranjera, con base en compromisos internacionales.
Si hay algo claro, es que dejar tanto poder discrecional a la UIF puede ser peligroso, porque puede utilizarse como instrumento de control político en contra de aquellos incómodos para el Gobierno en turno. También, esa decisión es preocupante; deja ver que al oficialismo le interesa restringir derechos en lugar de garantizar libertades, pues nadie está exento de ser víctima de un bloqueo bancario, incluso sin causa debidamente justificada.