La batalla política por la inmigración en España ha entrado en una nueva fase de máxima tensión. El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha dado un paso más en su ofensiva contra la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, asegurando que esta medida permitirá legalizar a extranjeros que “abusen de mujeres o roben”. Sus palabras, cargadas de dramatismo y con un claro componente disuasorio, contrastan con el contenido del real decreto, que establece expresamente la exclusión de quienes tengan antecedentes penales.
El choque no es solo jurídico, sino también narrativo. Mientras el Ejecutivo defiende una regularización centrada en la integración y el reconocimiento de derechos para personas en situación irregular, la oposición construye un relato basado en el riesgo, la inseguridad y el llamado “efecto llamada”. En ese terreno, el lenguaje importa tanto como la ley.
Feijóo ha insistido este miércoles en que la medida supone una “regularización a granel” sin precedentes en la Unión Europea, sugiriendo que el control sobre los perfiles de los beneficiarios será insuficiente. En su argumentación, introduce un matiz relevante: no habla exclusivamente de antecedentes penales —que el decreto sí contempla—, sino de antecedentes policiales, es decir, situaciones en las que no existe condena firme. Ahí sitúa el vacío que, a su juicio, permitiría que personas con conductas delictivas no juzgadas accedan a la residencia.
Desde el Gobierno, la respuesta ha sido inmediata y contundente. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reiterado en una entrevista en TVE que el proceso está diseñado “para personas en situación irregular, no para delincuentes”. Subraya que la normativa exige la ausencia de antecedentes penales y que, además, se realizará una evaluación individualizada en la que se tendrán en cuenta informes policiales y bases de datos nacionales y europeas.
El peso de las palabras en el debate migratorio
La afirmación de Feijóo no es un detalle menor: introduce un elemento emocional de alto impacto en el debate público. Al vincular la regularización con delitos como abusos sexuales o robos, el discurso traslada el foco desde la gestión administrativa hacia el miedo ciudadano. Se trata de una estrategia discursiva que busca activar percepciones más que describir el contenido normativo.
Este tipo de declaraciones, sin embargo, se enfrentan a la literalidad del decreto. El texto establece que no se concederá la residencia a quienes representen una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública. Además, precisa que la existencia de antecedentes policiales no será motivo automático de denegación, sino que se valorará caso por caso.
Entre el control y la integración
En el fondo del debate subyace una tensión clásica en política migratoria: el equilibrio entre control y acogida. El Partido Popular enfatiza la necesidad de una inmigración “legal y ordenada”, mientras que el Ejecutivo defiende que la regularización extraordinaria es una herramienta precisamente para ordenar una realidad ya existente.
El argumento del “efecto llamada” vuelve a ocupar un lugar central en la crítica de la oposición. Según Feijóo, medidas de este tipo pueden convertir a España en una puerta de entrada a la residencia en la Unión Europea. El Gobierno, por el contrario, sostiene que regularizar reduce la economía sumergida, mejora la recaudación y fortalece la cohesión social.
Una disputa que va más allá de la ley
Más allá de los detalles técnicos, lo que se está librando es una batalla por el relato. La regularización no solo afecta a cientos de miles de personas, sino que redefine el marco del debate migratorio en España. Las palabras elegidas por los líderes políticos moldean la percepción pública y condicionan el terreno electoral.
En este contexto, la afirmación de que se regularizará a quienes “abusen de mujeres o roben” actúa como un catalizador. No describe la norma, pero sí influye en cómo será interpretada por una parte de la ciudadanía. Y en política, esa diferencia —entre lo que es y lo que se percibe— puede ser decisiva.
El resultado es un debate polarizado, donde la complejidad jurídica queda eclipsada por mensajes simples y contundentes. @mundiario