Chihhuahua.- Organizaciones civiles que trabajan con comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara, denunciaron que el desplazamiento forzado interno (DFI) en la región es una crisis creciente que ha sido ignorada por las autoridades de los tres niveles de gobierno.
A través de un pronunciamiento conjunto, señalaron que la violencia en la zona se ha intensificado desde la estrategia federal de combate al narcotráfico implementada en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
Según indicaron, esta situación ha afectado directa e indirectamente a miles de personas en el estado de Chihuahua.
Las organizaciones advirtieron que los grupos criminales mantienen control territorial en diversas comunidades, lo que ha limitado el acceso de la población a derechos básicos como la educación, la salud y la alimentación.
Además, denunciaron que la violencia no solo es producto de actividades delictivas, sino también del abandono institucional.
“Las autoridades no solo ignoran la problemática, sino que en muchos casos la niegan y criminalizan a las víctimas”, expusieron.
El documento destaca que municipios como Guadalupe y Calvo enfrentan escenarios particularmente críticos debido a disputas entre grupos delictivos.
Asimismo, subraya la falta de estrategias de seguridad coordinadas, lo que ha dejado a la población en condiciones de vulnerabilidad.
Las organizaciones también alertaron sobre la existencia de un “desplazamiento silencioso”, en el que familias abandonan sus hogares sin visibilidad mediática, perdiendo patrimonio y, en algunos casos, la vida.
El desplazamiento forzado interno, recordaron, constituye una grave violación a los derechos humanos, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la protección de las personas afectadas.
Ante este panorama, hicieron un llamado al Gobierno de México, al Gobierno de Chihuahua y al gobierno municipal de Guadalupe y Calvo para que reconozcan la magnitud del problema, informen sobre la situación real en la región y establezcan un diálogo con las comunidades afectadas y organizaciones civiles.
Asimismo, señalaron que han solicitado reuniones con la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos sin obtener, hasta ahora, una respuesta efectiva.
El pronunciamiento fue firmado por diversas organizaciones, entre ellas Alianza Sierra Madre A.C., Casa del Migrante Saltillo, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Consultoría Técnica Comunitaria A.C. y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”.