En América Latina uno de cada tres cigarros que se consumen incluido México y Canadá, son ilícitos, convirtiendo la región en el principal foco a nivel mundial de este mercado, reveló un informe de la consultora global KPMG en alianza con Phillip Morris International.
El estudio publicado durante la jornada de hoy, analizó 11 naciones en América Latina en la que se analizó el consumo de cigarros de los cuales, se detectaron los impactos fiscales por el consumo de cigarros ilegales.
El informe encontró que el consumo de estos productos fuera de la ley generaron pérdidas económicas estimadas por 8 mil 500 millones de dólares en ingresos fiscales en toda la región durante el año pasado.
"Informes como este son relevantes no solo para poner de relieve el problema del comercio ilícito de cigarrillos, sino también para invitar a las autoridades a buscar soluciones que promuevan la innovación tecnológica, la recopilación de inteligencia y la acción basada en datos", dijo Marco Hannappel, presidente de PMI para América Latina y Canadá.
El consumo ilícito se mantiene resiliente y estructuralmente elevado en toda la región, lo que demuestra que las regulaciones extremas y los aumentos fiscales abruptos y pronunciados pueden impulsar el comercio ilícito de tabaco, resaltó el informe.
Si bien algunos gobiernos de la región establecieron impuestos y regulaciones más estrictas a los productos de tabaco, el estado actual del comercio ilícito en la región demuestra que la demanda de productos más económicos no está desapareciendo.
Por el contrario, se está desplazando hacia los mercados ilegales, donde los consumidores pueden encontrar una amplia variedad de cigarrillos ilícitos, como en su momento reportó Grupo REFORMA.
"Estos son recursos que, de otro modo, podrían financiar bienes públicos tales como la salud, la educación, la infraestructura y la capacidad de aplicación de la ley. En cambio, son captados por un mercado ilícito", dijo Hannappel.
El estudio sostuvo que el comercio ilícito no es solo una cuestión fiscal; es también un desafío para la salud pública, la seguridad y las instituciones; porque los productos ilegales eluden los controles, exponen a los consumidores a riesgos desconocidos y debilitan la eficacia de la regulación.
El informe fue presentado en un evento organizado por el Consejo de las Américas (COA) en Washington, D.C., donde expertos del gobierno, la academia y el sector privado debatieron sobre la magnitud del desafío y la necesidad de respuestas coordinadas.
