A lo largo de muchos años a las víctimas de abuso sexual se les ha exigido su denuncia. En muchos de los casos las preguntas de ¿por qué hasta ahora?, ¿por qué no lleva su queja ante las autoridades? son constantes.
Y a pesar de esta presión continua y ese reclamo a las víctimas, tenemos fallas profundas y sistemáticas en el castigo a los abusadores. Y a veces, las razones por las que las víctimas no denuncian son cristalinas: hay un miedo profundo a que el sistema falle.
El último caso sonoro y público tiene que ver con el que fuera líder de la iglesia de La Luz del Mundo. El lunes pasado, la Fiscalía General de la República dio a conocer a través de un comunicado que no se ejercería acción penal en contra de Naasón Joaquín García.
El problema no es menor, sobretodo porque la investigación también se llevó a cabo en Estados Unidos y en ese país el exlíder de la iglesia enfrenta una sentencia de 17 años de prisión y hay nuevas investigaciones en curso que podrían aumentar esa pena y hacer que pase toda su vida en la cárcel.
Los testimonios a lo largo de ese juicio fueron muchos y desgarradores y en algunos momentos dejaron poco margen a las dudas y a la posibilidad de dejar pasar la visión de que había un sistema recurrente que abusó de muchas mujeres.
Sin embargo, en México parece que el engranaje se quedará sin castigo. La Fiscalía determinó que no habría ejercicio de la acción penal y más allá de si eso se debe a una mala integración de un expediente en administraciones pasadas —el expediente inició en 2019— o si es una decisión que se tomó en el periodo de la nueva fiscal, la decisión sabe mal.
Las víctimas expresaron en algunas entrevistas con medios de comunicación una sensación de sentirse vulneradas de nuevo. Un sentimiento de temor y frustración.
Lo preocupante es que el caso solo ilustra lo que sucede en otros casos, con denuncias menos sonoras pero igual de importantes. Y el problema aquí es que necesitamos encontrar una manera de erradicar la impunidad y ese camino se ve cuesta arriba.
En este espacio hemos hablado del costo de la impunidad en la corrupción y en los delitos violentos. Ahora tenemos un ejemplo similar en el abuso y es cuando viene la duda genuina: ¿qué necesitamos para modificar el sistema?
En los números podemos tener un indicador: la capacidad de las fiscalías en los estados y de la misma fiscalía general ha sido remarcada más de una vez, sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer un plan para saber si podemos reubicar o replantear parte del trabajo de los agentes para evitar que la sobrecarga sea un motivo de la falta de resolución de los casos.
A veces pareciera que todos los factores operan en contra de las víctimas y aún así les pedimos airadamente que sus denuncias tienen que darse en tiempo y forma, que no hay margen de duelo, de pasar el shock.
El problema es que con casos como este, las voces se van apagando y todos perdemos con ello.
@Micmoya