CIUDAD DE MÉXICO, 16 de abril de 2026.– Este viernes, en el Centro Cultural del México Contemporáneo, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, se sentará frente a los gobernadores del país con un diagnóstico que ya nadie puede maquillar: México está atrapado en una crisis de impunidad que desborda a las instituciones y asfixia a la ciudadanía.
La convocatoria, bajo el título Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, llega tarde para millones de víctimas que llevan años esperando algo más que discursos. Llega en medio de una realidad donde la violencia no cede, donde las fiscalías estatales acumulan rezagos escandalosos y donde la coordinación entre niveles de gobierno ha sido, en el mejor de los casos, simulada.
El país no necesita otra presentación. Necesita resultados.
Porque mientras en salones cerrados se afinan líneas estratégicas, en calles abiertas se ejecuta, se desaparece, se extorsiona. Y en demasiados casos, el crimen no sólo opera con libertad, sino con protección. La sospecha —cada vez menos sospecha y más evidencia— de vínculos entre autoridades y organizaciones criminales ha erosionado la confianza pública hasta niveles críticos.
Ese es el verdadero telón de fondo de la reunión de mañana: la percepción extendida de que el poder ha sido incapaz —o renuente— a confrontar de frente al crimen organizado.
Durante el lopezobradorismo, la narrativa de abrazos, no balazos se vendió como una estrategia humanista. Hoy, para la mayor parte del país, se percibe como una claudicación del Estado. Un repliegue que dejó territorios enteros a merced de grupos armados, que normalizó la violencia y que debilitó la autoridad.
El hartazgo es inocultable
Gobernadores que antes defendían la línea federal ahora enfrentan presiones locales que ya no pueden contener. Comunidades enteras viven bajo reglas impuestas por el crimen. Sectores productivos pagan cuotas. Familias buscan a sus desaparecidos con sus propias manos. Y la justicia, cuando llega, lo hace tarde o nunca.
En ese contexto, la reunión convocada por la FGR no puede ser un acto protocolario más. No puede reducirse a un documento bien redactado y políticamente correcto. La exigencia es otra: una estrategia realista, frontal, sin ambigüedades.
Primero, reconocer el tamaño del problema sin eufemismos. Segundo, romper cualquier forma de tolerancia o colusión dentro de las propias instituciones. Tercero, establecer mecanismos efectivos de coordinación que trasciendan colores partidistas. Y cuarto, garantizar que la procuración de justicia deje de ser selectiva.
Porque hoy, en México, la ley no se aplica igual para todos.
Hay territorios donde el Estado es débil. Hay delitos que no se investigan. Hay responsables que nunca enfrentan consecuencias. Y hay víctimas que han aprendido a no esperar nada de las autoridades.
Ese es el saldo de años de omisiones, errores y, en algunos casos, complicidades.
La presencia de los gobernadores en esta reunión no es menor. Son ellos quienes, en muchos casos, tienen bajo su control las fiscalías locales, las policías estatales y buena parte de la operación territorial. Son, también, quienes han fallado en construir instituciones sólidas y confiables.
Por eso, el encuentro de mañana es, en realidad, una prueba política.
¿Están dispuestos a asumir costos?
¿A limpiar sus propias estructuras?
¿A enfrentar intereses que van más allá de lo criminal y tocan lo político?
La ciudadanía ya no quiere diagnósticos. Quiere justicia.
Y la justicia no se decreta en presentaciones. Se construye con decisiones difíciles, con voluntad política y con una ruptura clara con las inercias que han permitido que la impunidad se convierta en norma.
Si el Plan Estratégico que se presentará mañana no parte de esa premisa, será un documento más que engrose los archivos del fracaso.
Pero si —y sólo si— se asume la gravedad del momento, podría marcar el inicio de un viraje urgente.
México no aguanta otro sexenio de simulación.
Y la historia no absolverá a quienes, pudiendo actuar, eligieron mirar hacia otro lado.
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