La incertidumbre domina el escenario político en Perú tras unas elecciones generales marcadas por el escrutinio lento, la polarización y el cuestionamiento público de los resultados. En el centro de la controversia se sitúa al ultraderechista de Renovación Popular (RP), Rafael López Aliaga, quien pasó de disputar el segundo lugar a denunciar un supuesto fraude electoral, ofrecer una recompensa por pruebas y retirarla horas después.
El episodio refleja una tensión creciente en un proceso aún sin cerrar, en el que miles de votos siguen bajo revisión y la definición del rival de la derechista Keiko Fujimori de Fuerza Popular (FP) permanece abierta.
A varios días de la votación, el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene una diferencia mínima entre López Aliaga y el exministro de Comercio Exterior izquierdista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (JP) candidato de izquierda que ha protagonizado una remontada impulsada por el voto rural.
La distancia entre ambos se ha reducido a unos pocos miles de votos, en un escenario de “final de fotografía” que mantiene a la ciudadanía pendiente de cada actualización. A ello se suma un porcentaje relevante de actas impugnadas o con inconsistencias que deberán resolverse en instancias electorales, prolongando la incertidumbre.
Mientras tanto, Fujimori lidera con claridad y ya tiene asegurado su pase a la segunda vuelta, lo que desplaza el foco hacia la pugna por el segundo puesto.
La estrategia de la sospecha: acusaciones sin respaldo
En este contexto, López Aliaga ha intensificado su discurso denunciando un presunto fraude electoral. La iniciativa más polémica fue el ofrecimiento público de una recompensa económica —20.000 soles— a cualquier funcionario que aportara pruebas que sustentaran sus acusaciones.
La propuesta, difundida incluso con un canal específico para recibir información, fue retirada pocas horas después, tras advertencias legales que apuntaban a posibles implicaciones penales por incentivar prácticas irregulares, como el cohecho.
Diversos actores políticos e institucionales han coincidido en señalar que cualquier denuncia debe canalizarse por vías oficiales y sustentarse con evidencias. De hecho, tanto la misión de observación electoral de la Unión Europea como organismos nacionales han indicado que no han encontrado indicios de fraude en el proceso.
Factores que explican la incertidumbre
El ofrecimiento de recompensa no es un hecho aislado, sino parte de una escalada retórica que ha contribuido a deteriorar el clima político. López Aliaga ha llamado a movilizaciones, cuestionado a las autoridades electorales e incluso protagonizado declaraciones ofensivas contra representantes institucionales, lo que ha derivado en denuncias penales en su contra.
Desde el entorno de su rival, el partido de Sánchez ha advertido que este tipo de acciones “empujan al país al caos” y erosionan la confianza en el sistema democrático, subrayando la necesidad de respetar los procedimientos institucionales.
El proceso electoral peruano ha estado condicionado por varios elementos que explican tanto la lentitud del escrutinio como la tensión actual. Entre ellos destacan problemas logísticos como retrasos en la instalación de mesas afectaron a decenas de miles de votantes, el peso del voto rural en zonas remotas y el voto en el extranjero están siendo determinantes en el resultado final y que aproximadamente un millón de votos ha sido impugnado y deberá ser revisado por los órganos electorales.
Estos factores, habituales en procesos complejos, han sido interpretados de forma distinta por los actores políticos, alimentando narrativas contrapuestas.
