Ciudad de México.- El día de hoy lo quiero invitar a reflexionar sobre la crisis que atraviesa el país derivada de la desaparición sistemática de personas en México, imagínese por un momento la vida de una familia con un desaparecido: se convierte en una verdadera historia de terror marcada por la incertidumbre, el miedo, el dolor y la búsqueda de justicia. Enfrentan un duelo que se queda suspendido en el tiempo, entre la esperanza de encontrar a su familiar con vida, y el miedo a la muerte, obligándolos a adaptarse a una nueva y dolorosa identidad, la de buscadores, pues son ellos, los que deben asumir la búsqueda de su familiar por cuenta propia, debido a la falta de actuación de las autoridades, virtud a la propia naturaleza de este delito.
La crisis de desapariciones en México ha escalado de forma preocupante, pues es una cifra que hasta suena difícil de procesar, hay más de 123,000 personas desaparecidas, es como si una ciudad entera de la dimensión de Parral, Cuahutemoc, Delicias o Camargo hubiera desaparecido persona a persona, estas cifras no provienen de organismos no gubernamentales, sino del propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de los cuales solo 3,869 tienen una investigación activa al día de hoy.
Estas cifras revelan que no estamos hablando de un problema aislado, estamos hablando de un país que se volvió epicentro global de desapariciones, pues cuando se repite un patrón, deja de ser una excepción, basta recordar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el relativamente reciente caso del Rancho Izaguirre, los cientos de historias que vemos a diario a través de las madres buscadoras, y las miles de fosas clandestinas encontradas a lo largo de todo el país, con cientos de cuerpos aún sin identificar.
En este contexto, el 7 de abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, hizo pública su decisión de activar por primera vez en su historia su arma más potente, aplicar el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada, que en el ámbito internacional constituye una especia de alerta roja, pues no es una simple recomendación, es toda una declaración de la realidad que ellos perciben en la crisis de desaparición de personas en México, al contar con indicios que consideran bien fundados de que se practica de forma generalizada y sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y conlleva exponer su problemática ante la comunidad internacional, a través de la Asamblea General de la ONU.
En este documente, el aludido Comité reconoce avances normativos e institucionales, como la creación de fiscalías especializadas, pero advierte que estos han sido insuficientes frente a la magnitud del problema, derivado de la falta de investigaciones efectivas, una crisis forense incapaz de investigar estos delitos, y niveles de impunidad cercanos al total, lo que ha impedido sancionar a responsables, así como detenciones ilegales por parte de autoridades que derivan en desapariciones, y el uso de recursos públicos, vehículos e instalaciones oficiales, para la comisión de estos delitos; sin embargo, lo que generó el punto de quiebre entre el Estado Mexicano y las observaciones hechas por el Comité de la ONU, se derivó de la observación de casos de desaparición forzada, cometidos por organizaciones delictivas que actúan de forma autónoma, o con la complicidad y, como mínimo, la complacencia de servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal que se hacen los que no ven.
Sin embargo, aún y cuando el informe no representa una condena, sino un diagnóstico que podría facilitar cooperación internacional en el combate de este delito, el Gobierno de México, rechazó sus conclusiones, con lo ello conlleva, es decir, la posibilidad de acceder a apoyo financiero, así como la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado; y el establecimiento de mecanismos eficaces para esclarecer estos delitos y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan.
De manera que, con independencia de la postura final que asuma el Gobierno de México, las fiscalías especializadas en la materia, deberían asumir y considerar las observaciones y recomendaciones emitidas por los expertos internacionales de dicho comité de la ONU, con el propósito de erradicar la comisión sistemática de este delito, modernicen sus protocolos de investigación en la materia, ajustándolos a los estándares internacionales, pero sobre todo que refuercen los órganos de control interno de los cuerpos policiacos, para evitar la incursión del crimen organizado a sus corporaciones, así como capacitación constante de los cuerpos policiacos respecto las formalidades bajo las que deben efectuar las detenciones, máxime que a partir de la reforma constitucional de 2024, se dotó de facultades a la Guardia Nacional para realizar detenciones, investigaciones y labores de inteligencia, sin que cuenten con la capacitación y adiestramiento necesario, incrementando con ello el riesgo de los ciudadanos de sufrir violaciones a sus derechos humanos en los procesos de detención realizados por elementos castrenses.
Para finalizar esta reflexión, estimado lector y lectora yo le preguntó: En esta lucha por la verdad y la justicia para los desaparecidos y sus familias buscadoras, hasta dónde llega la soberanía de un País para gestionar sus problemas, y dónde empieza la responsabilidad del resto del mundo, para proteger los derechos humanos de un Estado parte de esa comunidad internacional.
