TULA DE ALLENDE, Hgo., 17 de abril de 2026.– El denominado centro de transferencia de residuos sólidos urbanos ubicado en la localidad de Bomintzhá, que actualmente sustituye al relleno sanitario regional de Tula, opera fuera de la legalidad, pese a recibir diariamente cerca de 250 toneladas de basura provenientes de al menos 8 municipios de la región Tula-Tepeji.
De acuerdo con documentación en poder de este medio, la autorización emitida por la Secretaría del Medio Ambiente estatal (3739/2023) presenta inconsistencias graves, ya que el predio señalado en la licencia corresponde a un polígono distinto al de la instalación en funcionamiento, localizada en calle sin nombre, lote 2, manzana 23, zona 4 de Bomintzhá. Además, por su temporalidad, dicho permiso se encontraría vencido.
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Aunado a ello, la autorización otorgada no corresponde al manejo de residuos sólidos urbanos, sino a residuos de manejo especial, por lo que el sitio no cuenta con sustento legal para operar bajo las condiciones actuales, en las que se recibe y almacena basura doméstica de forma masiva.
Habitantes de la comunidad han señalado que el lugar tampoco cumple con las características de una central de transferencia, como lo ha sostenido el gobierno municipal encabezado por Cristian Evanivaldo Martínez Reséndiz, ya que los residuos permanecen en el sitio durante semanas, cuando este tipo de instalaciones permite una estancia máxima de 72 horas.
Ante este escenario, pobladores de Bomintzhá interpusieron una denuncia pública con fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al considerar que existen violaciones graves a la normatividad ambiental vigente tanto por parte del propietario como de funcionarios involucrados.
De acuerdo con los testimonios, el sitio continúa operando sin autorización vigente, realizando actividades de recepción, almacenamiento y manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, lo que constituye una infracción directa a la legislación federal y a las normas oficiales mexicanas.
Asimismo, denunciaron que en el lugar se generan lixiviados sin control ni tratamiento, lo que podría estar afectando los mantos freáticos, además de provocar malos olores, contaminación del aire, proliferación de fauna nociva y riesgos sanitarios para la población cercana.
Por lo anterior, los habitantes exigieron la intervención inmediata de autoridades ambientales federales, la realización de una inspección urgente, la clausura del sitio como medida de seguridad, la imposición de sanciones y la revocación definitiva de cualquier autorización irregular.
Finalmente, advirtieron que es urgente implementar acciones de contención y remediación ante los daños ambientales ya generados.
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