CIUDAD DE MÉXICO., 19 de abril de 2026.– El Congreso de la Unión analiza una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para reconocer la presunción de legítima defensa en contextos de violencia contra las mujeres. La propuesta, denominada “Ley Alina”, parte de la premisa de que no existe exceso en la defensa cuando una mujer actúa bajo miedo o error para salvaguardar su integridad y su vida.
La iniciativa pretende reformar específicamente los artículos 15 y 16 del ordenamiento penal federal. El objetivo central es proteger a aquellas mujeres que, tras haber sido violentadas al punto de poner en riesgo su existencia, terminan siendo castigadas por las instituciones de justicia simplemente por el hecho de haber sobrevivido a su agresor.
En la exposición de motivos presentada en la Cámara de Diputados, se resaltó que esta reforma responde a una realidad alarmante en el país. Las estadísticas refieren que más del 70 por ciento de las mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, en un contexto donde, en promedio, 10 mujeres son asesinadas cada día.
Sin privilegios ni licencias para matar
Los promoventes de la “Ley Alina” precisaron que la intención no es otorgar privilegios ni “licencias” para delinquir, sino obligar a las autoridades a juzgar con perspectiva de género. Se busca garantizar que ninguna mujer tenga que enfrentar la disyuntiva de elegir entre morir a manos de su agresor o pasar décadas en prisión por defenderse.
La propuesta legislativa advierte que la falta de capacitación de jueces y ministerios públicos ha derivado en sentencias injustas. Al incorporar la perspectiva de género de manera obligatoria, se pretende enmendar la deuda histórica con las víctimas que han sido revictimizadas por el propio sistema de justicia tras ejercer su defensa.
Caso Alina Narciso
El nombre de la ley se desprende del caso de Alina Narciso, una exoficial de la policía municipal en Tijuana, Baja California. En diciembre de 2019, Alina fue víctima de violencia feminicida por parte de su pareja; en el ataque, logró despojarlo de su arma de cargo y le disparó, provocándole la muerte para salvar su propia vida.
A pesar de actuar en defensa propia, Alina fue sentenciada inicialmente a 45 años de prisión. Tras permanecer tres años encarcelada, fue absuelta y puesta en libertad luego de que su defensa acreditara que el episodio fue un acto de supervivencia ante una agresión que escaló hasta el intento de arrebatarle la vida.
Durante la presentación de la iniciativa en el Congreso, la propia Alina Mariel Narciso relató su experiencia y señaló que durante su proceso judicial ocurrieron irregularidades que no pueden permitirse más. Su testimonio es el motor de esta reforma que busca evitar que otras mujeres enfrenten el abandono institucional.
Ya existe en Baja California y Tamaulipas
Aunque la “Ley Alina” ya es una realidad en los estados de Baja California y Tamaulipas, su llegada al ámbito federal ha generado controversias. Grupos opositores argumentan que podría interpretarse como una “licencia para matar”, señalamiento que los defensores de la ley rechazan tajantemente al priorizar el derecho humano a la vida.
De ser aprobada en el Congreso de la Unión, la propuesta prevé reformas en los códigos penales locales para armonizarlos con la legislación federal. Con esto, se busca un criterio unificado en todo México que impida la criminalización de las mujeres que logran sobrevivir a ataques feminicidas.
Finalmente, legisladores destacaron que el Poder Legislativo debe asumir un papel activo en la aprobación de iniciativas que garanticen los derechos de las mujeres. La “Ley Alina” representa, así, un paso hacia un sistema de justicia que reconozca la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran las víctimas frente a sus victimarios.
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