“Ya quería yo decirlo”, dijo ante personal de la fiscalía de la CDMX Juan Jesús “N”, el vigilante de la Torre Murano, el edificio de Avenida Revolución 829, en donde el viernes pasado fue hallado el cuerpo de la joven de 21 años, Edith Guadalupe Valdés Zaldívar.
El caso de Edith ha sacudido como pocas veces a la Ciudad de México. Se construyeron a su alrededor versiones alarmantes que hicieron explotar la indignación colectiva. Que Edith Guadalupe había ido a una entrevista de trabajo en ese sitio. Que la fiscalía actuó con retraso al recibir la denuncia de la familia y que fue esta la que tuvo que investigar por su cuenta y obtener videos que mostraban la llegada de la joven al edificio.
Que personal de vigilancia del inmueble negó que Edith hubiera ingresado al inmueble. Que personal de la fiscalía solicitó dinero para llevar a cabo la búsqueda y que solo actuó cuando la familia, en un acto de desesperación, bloqueó durante varias horas la esquina cercana al inmueble.
Se ha hablado de la existencia de una red de trata de personas, y de un abogado que según un video obtenido más tarde solía meter sexoservidoras al edificio, alguno de cuyos departamentos han sido empleados por el Mecanismo de Protección para albergar periodistas amenazados.
El miércoles 15 de abril, Edith Guadalupe salió de su casa en la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa, a bordo de un mototaxi que a las cuatro de la tarde la dejó en el 829 de Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez. Había enviado a uno de sus familiares, como hacía siempre, la ubicación del sitio. Sus comunicaciones cesaron de manera abrupta a partir de ese momento.
Entre esa misma noche y la madrugada del 16 de abril sus familiares presentaron la denuncia por desaparición en la fiscalía especializada. La madre de Edith dijo después: “Me piden dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo”, y aseguró ante medios de comunicación que contaba con mensajes que probaban dicha petición.
Agentes de investigación acudieron al lugar, solicitaron cámaras y bitácoras. Se las negaron con el argumento de que no estaba presente el administrador y que este volvería al día siguiente. Cometieron el error injustificable de retirarse, cuando por la urgencia del caso debieron insistir. Esto provocó un retraso de un día entero en la investigación: exactamente 24 horas.
La familia asegura que contrató un detective privado que obtuvo un video en el que se ve a Edith Guadalupe ingresar en la Torre. La respuesta de los agentes, según su denuncia, fue que debían aguardar 72 horas, pero que si les daban dinero podrían apurar la búsqueda.
Finalmente, a la 1:30 de la madrugada del 17 de abril peritos e investigadores arribaron a la Torre Murano. El cuerpo de Edith estaba en el sótano, bajo un montículo de arena y maderas, metido en una bolsa de plástico.
La caseta de vigilancia presentaba manchas hemáticas que se habían intentado limpiar. No había registro del ingreso de la joven en las bitácoras. Las cámaras de seguridad fueron apagadas antes de su llegada al edificio y reiniciadas dos horas después.
El vigilante durante ese turno era Juan Jesús “N”, de 24 años de edad. Presentaba rasguños, lesiones en el cuerpo y las manos: señales de había tomado parte en una riña.
Fue llevado a la fiscalía a testificar. Cuando lo interrogaron sobre las bitácoras y las cámaras apagadas, comenzaron las contradicciones.
“Ahí se quebró”, relata una fuente que estuvo presente en la diligencia. “Ya quería descansar de esto”, aseguran que confesó el vigilante.
Al momento de ser aprehendido, Juan Jesús “N” se mostró completamente abatido, con la vista baja y los brazos caídos.
Mensajes telefónicos intercambiados entre Edith Guadalupe y el vigilante muestran que habían acordado encontrarse en la Torre.
Juan Jesús relató que comenzó una discusión que terminó a golpes. La joven intentó defenderse con un desarmador. Según admitió Juan Jesús, él se lo quitó y empleó para arrebatarle la vida. Luego llevó el cuerpo al sótano, intentó limpiar los restos hemáticos que había en la caseta y al terminar su turno se fue a su casa.
Al menos una parte de su versión coincide con los resultados de la necropsia.
La fiscalía enfrenta hoy su mayor crisis desde la llegada de Bertha Alcalde Luján a la institución. Son muchas las cosas que aún deberá aclarar y, sobre todo, explicar a la familia. El policía de investigación acusado de solicitar dinero ha sido suspendido y sometido a una investigación. De acuerdo con las fuentes, los familiares no han querido presentar, hasta el momento, los mensajes que contienen esta petición.
Han solicitado en cambio que peritos independientes dictaminen el caso y revisen las afirmaciones de la fiscalía, para quien solo existe hasta el momento un autor material. La defensa acusa que las heridas que presenta el vigilante son señales de tortura y que este ha sido víctima de intimidación.
En este punto de la crisis, un peritaje independiente sería lo más conveniente para dilucidar lo que ocurrió y analizar las acusaciones de corrupción, negligencia, omisiones e incluso posible complicidad por parte de personal de la fiscalía de la CDMX.
El caso es tan emblemático de la precariedad institucional y del abandono de las víctimas, que no puede quedar solamente en la detención del presunto autor material.