Oscar Centeno era un chofer de confianza, a quien se le podían entregar miles de millones de pesos argentinos o muchos millones de dólares para entregarlos al presidente de la República y a otros funcionarios de Argentina. Su trabajo era el de conductor de Roberto Baratta, mano derecha del exministro de Planificación, Julio de Vido. Desde 2005 hasta 2015, Centeno anotó en 8 cuadernos sus “bitácoras” de entrega de efectivo. Nombres, direcciones y montos detallados en cuadernos de cuadrícula. El dinero era producto de coimas de constructores y empresas entregadas a Néstor Kirchner y a su esposa, Cristina Fernández. También participaban otros miembros de su gabinete en los sobornos.
Centeno, presionado por su esposa y las circunstancias, no quería que llegara una acusación en su contra, así que en enero de 2018 los cuadernos llegaron a Diego Cabot, reportero del periódico La Nación, a través de un intermediario. Todo estaba ahí, solo que debía corroborarse y estudiarse para no publicar algo inventado. En marzo de ese mismo año, los cuadernos llegaron al fiscal Carlos Stornelli, quien asumió la investigación inicial del caso. No había duda de que el asunto merecía una denuncia. En julio, el juez Claudio Bonadio ordenó la detención de Centeno y, el 1 de agosto, La Nación hizo pública la información.
Al día siguiente, el juez ordena la detención de Baratta y de otros funcionarios implicados en las mordidas. Según el fiscal, la cuenta ascendía a más de 160 millones de dólares, aunque expertos en vialidad afirman que, a lo largo del gobierno de Néstor y Cristina, el monto fue de más de mil millones de dólares. Parte del dinero se enviaba en avión privado a Uruguay, donde se depositaba para enviarlo a Suiza y, de ahí, comprar bonos argentinos en dólares.
Se iniciaba el caso de corrupción más importante de los últimos tiempos en Argentina. Entonces gobernaba Mauricio Macri, antagonista del peronismo y del kirchnerismo, aunque es válido decir que las instituciones judiciales ahí son independientes: gozan de confianza y prestigio por la preparación de sus jueces y fiscales. Todos son funcionarios de carrera. No tuvieron empacho en denunciar a las grandes empresas que transaron con los funcionarios de Kirchner, como Techint, Iecsa, Electroingeniería, Roggio y Pampa Energía. Tenían que soltar “la sopa”.
La ruta K del dinero mostraba a los argentinos que, escondidos en el populismo, los Kirchner inventaban obras públicas que no se realizaban, recibían entregas puntuales de millones de dólares provenientes de los anticipos de vialidades y exportaban esos dólares al extranjero.
Hoy, Cristina Fernández de Kirchner está presa en su casa y lo estará durante 6 años o muchos más. Se le concedió la detención domiciliaria por tener más de 70 años. Su sentencia, sin embargo, no fue por los cuadernos de don Óscar, sino por otras transacciones de cobro a empresas de construcción sin experiencia ni historial para recibir proyectos por cientos de millones de dólares.
Cristina no es una presa política, es una criminal. Desde hace más de una década se sabe de su riqueza acumulada durante el gobierno de su marido y luego el de ella. Defender a Cristina es un error muy grave desde la presidencia de México. Los colaboradores de Claudia Sheinbaum le hicieron un flaco favor al permitir que le entregaran una pancarta en España en defensa de la convicta. Primero, porque implica intervenir en la política interna de otro país; luego, porque la ideología no puede vacunar a nadie contra actos de corrupción del tamaño de los cometidos en Argentina.