Guanajuato, Gto., 21 de abril de 2026.— La diputada Susana Bermúdez Cano denunció que la reforma electoral conocida como Plan B omite uno de los problemas más graves del sistema: la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Además, durante la discusión de la minuta en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde el dictamen recibió un sentido negativo, la legisladora advirtió que en diversas regiones se financian campañas con recursos ilícitos y se condiciona el voto mediante presión o violencia.
Por otra parte, señaló que la propuesta avanzó sin consenso y no responde a la realidad de los estados. Asimismo, consideró que introduce una rigidez normativa excesiva que no corresponde a la Constitución y que podría resolverse mediante leyes secundarias.
En ese sentido, afirmó que el diseño del Plan B electoral vulnera la autonomía de las entidades federativas y los estándares constitucionales en materia de derechos político-electorales.
“El Plan B confirma una ruta unilateral, sin acuerdos amplios ni construcción colectiva. En consecuencia, las modificaciones no resultan compatibles con el marco constitucional vigente, ya que imponen restricciones que pueden afectar de manera desproporcionada el ejercicio de derechos”, expresó.
Además, el análisis de la minuta evidenció reducción de estructuras, ajustes presupuestales y cambios en reglas operativas. Sin embargo, Bermúdez Cano consideró que estas medidas debilitan a las instituciones bajo el argumento de austeridad.
Finalmente, el diputado Juan Carlos Romero Hicks subrayó la relevancia del federalismo en la democracia del país y advirtió que legislar sin respetar el municipalismo y la soberanía local no resulta adecuado.