El feminicidio de Edith Guadalupe es epicentro de lecciones y dudas desmontables en un debate ineludible sobre los pendientes del sistema de procuración de justicia.
La Fiscal General de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, ha asumido una postura inusual pero necesaria en la política: el reconocimiento abierto de las fallas operativas y la admisión de una justicia lenta o burocratizada, asfixiante de la confianza ciudadana y aparentemente aniquilante de las expectativas de justicia para aquellos casos carentes de viralización.
Alcalde mostró madurez institucional y está dispuesta a examinar las grietas del funcionamiento de la FGJ para evitar abuso y omisión.
Enfrentar la corrupción en los órganos de procuración de justicia y combatir la extorsión cometida por servidores públicos —como le preguntaron pertinentemente a la jefa de Gobierno, Clara Brugada— obliga a comprender aquello señalado por Susan Rose-Ackerman, profesora emérita de la Universidad de Yale: las malas prácticas prosperan donde la discrecionalidad administrativa permite el desvío de recursos públicos y de las facultades del Estado.
El combate a esa patología exige racionalizar la operación diaria y dotar a los ministerios públicos de herramientas de control contra sobrecargas, dolo y desidia. La voluntad política se mide en la persistencia para sostener reformas de largo aliento a favor de la integridad del servicio público.
La investigación del feminicidio de Edith Guadalupe sitúa a la ciencia forense y a la metodología rigurosa como los motores para la construcción de la verdad jurídica. Los peritajes ubican la agresión en el piso superior de la caseta de seguridad del inmueble, acreditan escoriaciones en la mano y rasguños en el abdomen del imputado compatibles con la mecánica de defensa opuesta por la víctima, quien falleció por una de las 25 heridas en el tórax producidas por un desarmador.
El hallazgo de indicios materiales —la cartera de la joven localizada dentro de un contenedor de basura de acceso restringido— y la interrupción deliberada de las cámaras de vigilancia en momentos específicos no favorecen al presunto responsable. Es probable que la próxima verdad tampoco beneficie a las buenas conciencias.
A pesar del básico rezago en el inicio de la investigación y la presumida corrupción de elementos de la FGJ, el despliegue científico valida la habilidad técnica de la institución para resolver crímenes complejos cuando hay protocolos adecuados y existe presión social.
En general, es compartible la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno respecto a la fiscal, capaz de autocrítica y determinada a la mejora de los procesos que desafortunadamente todavía hoy permiten carencias del sistema. Con franqueza, Alcalde consideró “indignante” la brecha entre el protocolo y la sensibilidad operativa exigible a las instancias de procuración de justicia.
@guerrerochipres