Edith Olivares Ferrán, directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional, presentó el 21 de abril el informe “Promesas en marcha, derechos en riesgo. El primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum”, en el que advirtió que durante la actual administración federal se ha registrado un retroceso en la protección de los derechos humanos en el País.
Olivares Ferrán señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió un México inmerso en una profunda crisis de derechos humanos que, a su juicio, no ha sido atendida de forma adecuada.
“Ya habría que plantearnos que las violaciones a derechos humanos tienden a ser una condición estructural en México, que requiere ser atendida como una emergencia nacional para la que se requiere cooperación y asistencia internacional”, remarcó.
El informe advierte que, en la transición entre la administración anterior y la actual, se produjo una reconfiguración institucional que ha debilitado la protección de los derechos humanos.
AI cuestionó en particular la reforma del Poder Judicial, la adscripción de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, la conducción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por parte de Rosario Piedra Ibarra, y la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
“En lo que refiere a los procesos de reconfiguración institucional, las decisiones tomadas durante el primer año de Gobierno son claramente regresivas”, planteó.
Respecto a la seguridad ciudadana, el documento calificó el panorama como “desolador” y alertó sobre el incremento en la cifra de personas reportadas como desaparecidas.
Olivares Ferrán llamó a aprovechar la oportunidad abierta por la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas de llevar la situación de México ante la Asamblea General del organismo para analizar posibles medidas de asistencia.
“Hoy en día estamos frente a una oportunidad histórica para que el Estado mexicano cuente con cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación de las desapariciones forzadas”, apuntó.
La directora de AI subrayó que el actual Gobierno aún tiene la oportunidad de transformar las estructuras y prácticas que permiten que autoridades y agentes del Estado violen de manera sistemática los derechos de las personas, para lo cual consideró indispensable que las autoridades abran espacios de diálogo con la sociedad civil, organismos internacionales y víctimas.
“Hago un llamado respetuoso a las autoridades mexicanas para que acepten y aprovechen el acompañamiento que la comunidad internacional, las organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y víctimas de violaciones a derechos humanos estamos en posibilidad de brindar”, concluyó.