El pacto de gobierno alcanzado entre el Partido Popular y Vox en Aragón marca un nuevo capítulo en la configuración del mapa político autonómico tras el último ciclo electoral. No se trata únicamente de un acuerdo para investir a Jorge Azcón, sino de la consolidación de una fórmula de coalición que, con matices territoriales, empieza a repetirse en distintas comunidades.
La principal novedad respecto al precedente de Extremadura es el mayor peso institucional que adquiere Vox. La formación liderada por Santiago Abascal no solo entra en el Ejecutivo aragonés, sino que lo hace con tres consejerías —una de ellas con rango de vicepresidencia—, lo que supone una cartera más que en el acuerdo extremeño. Este reparto responde directamente al equilibrio de fuerzas surgido de las urnas, donde Vox logró un crecimiento significativo que redujo el margen del PP. Azcón consiguió una mayoría simple de 26 escaños, dos diputados menos que en 2023, mientras que la ultraderecha dobló sus resultados escalando a los 14 asientos.
Uno de los elementos más relevantes del acuerdo es la incorporación del principio de “prioridad nacional” que limita el acceso a ayudas y prestaciones públicas. Este concepto, que ha generado un intenso debate jurídico y político, se introduce en términos prácticamente idénticos a los del pacto extremeño, y habla de la exclusión de los inmigrantes en situación irregular de los “servicios sociales estructurales”, excepto por casos “de urgencia vital”.
Sin embargo, su formulación no es explícita en términos de exclusión directa a los inmigrantes, sino que se articula a través del criterio de “arraigo”. Es decir, se priorizaría a quienes acrediten una vinculación prolongada y verificable con el territorio, utilizando herramientas ya existentes en la legislación, como el empadronamiento o la residencia legal, según ha dicho Azcón, en línea con las matizaciones a las que alude Génova para rebajar el alcance del acuerdo.
Este matiz permite al PP defender la compatibilidad del acuerdo con el marco constitucional, al tiempo que Vox reivindica un endurecimiento de los criterios de acceso a recursos públicos. La ambigüedad calculada del texto refleja, en última instancia, la necesidad de conciliar posiciones divergentes sin comprometer la viabilidad jurídica del pacto.
Un acuerdo en clave nacional
El contenido del acuerdo evidencia que la negociación ha ido más allá de un simple reparto de poder. Las consejerías asumidas por Vox serán Desregulación, Servicios Sociales y Familia; otra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y una tercera de Medio Ambiente y Turismo que permitirán a la formación desarrollar su guerra cultural en Aragón.
Por su parte, el PP ha insistido en que todas las medidas estarán sometidas a control jurídico y deberán ajustarse a la legalidad vigente. Esta insistencia revela las acciones de funambulismo de Génova, que trata de garantizar la estabilidad del gobierno autonómico y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos legales y políticos a nivel nacional, especialmente por su impacto sobre la campaña de Juanma Moreno en Andalucía, donde el barón popular apuesta a crecer por el centro.
Aunque el pacto se circunscribe a Aragón, su lectura es inevitablemente nacional. La repetición del esquema aplicado en Extremadura sugiere una dinámica de “efecto dominó” en aquellas comunidades donde el PP necesita el apoyo de Vox para gobernar.
Al mismo tiempo, el acuerdo pone de manifiesto las tensiones internas dentro del propio PP. Mientras la dirección nacional ha optado por asumir ciertos elementos del discurso de Vox —reinterpretados bajo criterios legales—, algunos líderes territoriales han expresado reservas sobre su alcance. @mundiario