El Plan Global de Desarrollo de la Ciudad de México va a centralizar las decisiones y acabar con la participación ciudadana. La ciudad tendrá usos mixtos del suelo y predominará el criterio comercial. Todo esto está sucediendo hoy, sin mayor conocimiento de los capitalinos. Será la negociación entre vecino y desarrollador la forma de resolver conflictos. Las zonas históricas, las de conservación, las colonias, los pueblos y barrios desaparecerán en polígonos prioritarios sujetos a la voluntad de la Jefatura de Gobierno, para democratizar el uso del suelo.
Los copecos cederán su lugar a los Comités de Barrio, que tendrán facultades vinculatorias para tomar decisiones. Las Casas de Gobierno se elevarán a nivel constitucional como Consejos de Gobierno Comunitario, con atribuciones normativas, jurídicas y presupuestarias, lo que dejará a las Alcaldías como figura decorativa. Puedes votar por quien quieras; las decisiones las tomará el Gobierno capitalino.
El Plan, una vez aprobado, emitirá las leyes para hacerlo vigente en toda la ciudad. Los programas parciales de desarrollo estarán subordinados al Plan de Desarrollo y quedarán sin vigencia. Se crearán nuevas centralidades para redensificar en alta escala a la ciudad. El proceso ya empezó en San Ángel, con viviendas en edificios de 35 pisos y hospitales. Se prevé que entrarán en Las Lomas de Chapultepec, Santa Fe, San Ángel Inn, Polanco, Guadalupe Inn, Xochimilco, Iztapalapa, Santa María la Ribera, entre otras zonas.
Se actualizará la ley de participación ciudadana por un nuevo sistema de participación ciudadana y control comunitario. SERVIMET cambiará la norma 26 para construir vivienda en renta para grupos afines. Ya no habrá presupuestos participativos por colonia, sino por modelos de decisión en nuevos territorios. La colonia ya no será la unidad básica; lo serán las asambleas comunitarias como unidad básica.
Todo lo expuesto quedó plasmado en la Constitución de 2017 de la Ciudad de México. Pero se exigían una serie de condiciones para que el Instituto de Planeación autónomo realizara el proceso. Primero, su constitución, que no se ajustó a los tiempos. Segundo, una amplia consulta a los capitalinos, con grandes convocatorias, con foros, incluyendo urbanistas, académicos, copecos, Alcaldías, y guardar congruencia con otros planes y programas de la ciudad. Deberá guardar congruencia presupuestal con éstos y las estructuras de la ciudad, lo cual lo más probable es que no suceda.
El procedimiento indica que el Plan, elaborado por el Instituto bajo supuestos que no se cumplen, deberá ser enviado al Congreso local y, si en seis meses no se aprueba, aplica la afirmativa ficta. La Jefatura de Gobierno preside el nuevo sistema. Su duración será de 20 años, lo que cambiará por completo a la ciudad.
Como no se cumplió el proceso de elaboración y de consulta, aunque Clara Brugada lo envíe al Congreso, es momento de alzar la voz e involucrarnos en el proceso para mantener la herencia histórica y cultural de la capital.
La Jefa de Gobierno debe reponer el proceso porque no hubo consulta y no se respetaron los procedimientos. Aun cuando esto se impugne ante el Poder Judicial, como éste ya está tomado por Morena, difícilmente se logrará que se estime anticonstitucional este proceso. Habrá quien esté a favor de un ordenamiento vertical sin oposiciones.
Si se toma en cuenta la coordinación metropolitana que establece el Plan General, sin duda resulta atractivo avanzar en temas de movilidad, seguridad, vialidades, entre otros. También resulta atractivo gentrificar una ciudad que cuenta con todos los servicios de movilidad, agua, drenaje, comercio, educación y salud, pero el Plan no prevé su suficiencia como condición de la regeneración. Y aunque supuestamente bajaría el precio de la vivienda en la ciudad, lo cierto es que los desarrollos que se vislumbran son de alto costo. La idea de que puedas vivir cerca de tu centro laboral es también atractiva, pero poco realista.
¿Por qué se anulan las posibles ventajas? Por la voracidad de servidores públicos y desarrolladores inmobiliarios asociados con ellos. Observamos un criterio comercial y no de desarrollo urbanístico para mejorar la vida comunitaria en la ciudad. Porque las Asambleas Comunitarias no necesariamente corresponderán a la zona en cuestión y podrán ser movilizadas de distintas áreas. El nuevo diseño de ciudad, centralizado y sin participación comunitaria o pluralidad, apunta más al fortalecimiento de gobiernos autoritarios que seguirán enriqueciéndose, ahora a costa del suelo urbano.
Es por tanto momento de alzar la voz y pedir la reposición del proceso de planeación para que cumpla con una consulta real y no simulaciones. Es momento de la lucha urbana.