En la era Trump, cada día que pasa crece la sinrazón significativa de las palabras importantes. Qué sea “guerra”, “paz” o “tregua” es incierto estos días, y “ser de palabra” ha perdido valor. Lo que mola es la capacidad de darle la vuelta a los núcleos verbales pillándolos por el más ladino; es “emprendimiento” y listeza para moverse en una jungla donde hay que estar a la que salta. Con rudeza violenta en lo que se dice, y una pizca de gracieta triunfal añadida, se tienen muchas más posibilidades de aprovechar el descuido del interlocutor en cualquier envite de negocios o política, y salir bien. Las marrullerías de los viejos tratantes de feria ante el cuitado labriego que se acercaba a vender su vaca siguen vigorosas; entre los avispados en faroles y tretas, este estilo feroz está de moda hasta tal punto que, desde el uso de las palabras, nadie se aventura a explicar qué vaya a pasar.
Los politólogos se parecen más a la pitonisa de Delfos, cuando no a la esfinge de Edipo. Esta sintaxis es complicada, y aunque muchos políticos y políticas hablen en prosa simplona -sin nada poético-, su oralidad empieza a ser inentiligible. Su palabra -hablada o escrita- no vale como compromiso ni contrato, al no corresponderse con lo que habían apalabrado. Además, han cogido la manía de que la circunstancialidad del conjunto expresivo de cuanto hayan dicho o hecho otrora se oscurezca en un sobrevenido Alzheimer; cuanto haya rondado sus palabras y hechos en otro momento tienden a someterlo a un oportuno “no me acuerdo”, “no tengo constancia”, “no puede ser”, “pruébelo usted” si tiene documentos… Esta “desmemoria aprendida”, que tanto aprecian algunos jueces -mientras otros son tenaces en prospectivas- vale para salvar de acusación a quien convenga, al tiempo que prestigia en muchos foros a quien se muestre escrupuloso conocedor de las técnicas procesales para perseguir con premura y denuedo a quienes -según quien haya diseñado el relato intertextual de las sentencias- convenga perseguir opportune et importune. Esta sofisticada manera de hablar que tiene un sector de la judicatura complica más todavía el valor de las palabras. Calladamente, los procesos que en estos días se juzgan en las altas magistraturas del Reino -tan dispares en prontitudes, y tan conformes con otros recientes- dificultan ver el fiel de la balanza y, también, qué sea materia judicial. La profesionalidad de la gente de leyes, además de conocimiento de los códigos y la jurisprudencia, sin competencia en lingüística y semiótica, no defenderá a ningún pagano ante su demandante.
De Extremadura, Aragón y Castilla-León….
El problema es que muchos ciudadanos no pueden tener esos expertos y, cuando acaba de celebrarse “el día del libro”, los asiduos a los noticiarios y a la lectura, debieran celebrar que Cervantes se hubiera carcajeado de lo que se les transmite como si fueran ignorantes, siendo ellos los que pagan el coste de tanto cambalache. Aparte de pagarlo con sus impuestos, son los que más sufren las consecuencias del desajuste significativo de las palabras valiosas como “derecho”, “constitución”, “democracia”. Es de ver el alcance real que tiene la pelea por su significado benéfico cuando, sin comerlo ni beberlo, asisten en directo a la interpretación del sintagma “primacía” y la determinación que imprime u otros de gran complejidad como “nacional” y “enraizamiento”. Si lo segundo puede implicar segregación, distancia y distinción sobrevenida entre los habitantes del territorio que llamamos ESPAÑA, la “primacía” en atenciones, servicios y derechos, denota la existencia legal de “privilegiados” y “favorecidos”. Es decir, que hay grupos de ciudadanos de primera división, “desiguales” de otros en derechos y obligaciones convivenciales. En el trato y en las relaciones, especialmente las de carácter laboral, como salarios, horarios, derechos contractuales en el intercambio de la fuerza de trabajo, estos otros -de segunda o tercera división- hasta en el trato no son personas iguales en dignidad, y por lo que añaden, son vistos como peligrosos
Se veía venir, pero de repente, a partir de que una señora se haya empeñado en repetir su ansiedad por controlar el presupuesto de Extremadura, y porque a continuación un señor en Aragón -y muy pronto otro en Castilla-León-experimentara igual entusiasmo, los acuerdos firmados con Vox han dado la vuelta al lenguaje de la CE78. Este “pacto” social se queda anticuado y ya estamos en transición hacia el Manifiesto de los Persas (12.04.1814), base del absolutismo fernandino; de momento, adoptamos aquel censitarismo, que tan presente estuvo, desde 1834, en constituciones reacias a que “todos” fueran ciudadanos. Las restricciones del voto -y los derechos civiles y laborales- han abundado desde 1789 en países como EE UU o Francia. En España, baste recordar que la esclavitud no fue abolida del todo hasta 1886, y que el voto universal femenino no vio la luz hasta 1931; el franquismo lo suprimió y las mujeres no volvieron a votar hasta 1977 (en la Ley para la Reforma Política (enero) y el Real Decreto-ley de normas electorales (marzo), después de 41 años de dictadura. En cuanto al voto de los varones, el censitarismo estuvo vigente hasta 1890: sólo podían votar los varones que tuvieran cierto nivel de renta, propiedad o capacidad intelectual; la gran mayoría de la población no tenía derecho a hacerlo, como quedó documentado en el Estatuto Real de 1834 o la Constitución de 1845.
Esto únicamente es una parte del sufragismo cultural. Lo acontecido estos días pasados en Extremadura y Aragón -y lo que sucederá en Castilla-León- recuerda otras restricciones que siempre están tras la erosión que diversas fuerzas económicas, sociales y políticas ejercen con los derechos que en 1978 trató de recoger una Constitución democrática. A los firmantes de estos acuerdos autonómicos no parece importarles que algunos apartados sean ilegales. No aceptan que la Constitución se haya adherido a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a compromisos de Justicia internacional. Las restricciones que preconizan a grupos derechohabientes -sean o no inmigrantes relativamente recientes- amplían sus recortes a cuantos no pertenezcan al elitismo social con que marcan cuanto huela a Educación o Sanidad pública. Lo más inquietante es preguntarse si han heredado esta tendencia o se han educado en ella desde la Transición que siguió al 20N75. (Continuará) @mundiario