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24 horas 23 Apr, 2026 18:26

Congreso CDMX recibe iniciativa de rentas justas

El Congreso CDMX recibió la iniciativa de reforma constitucional de Clara Brugada sobre rentas justas y asequibles.

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) recibió esta tarde la iniciativa de reforma constitucional enviada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, sobre rentas justas y asequibles.

En conferencia, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Jesús Sesma, afirmó que no es momento para emitir juicios apresurados, ya que una iniciativa de ley de esta magnitud exige un análisis serio, técnico y abierto.

En este sentido, afirmó que la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México deberá revisarse a profundidad y se debe dictaminar con la participación de todos los sectores involucrados debido a su relevancia.

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Debemos preguntarnos con rigor si las propuestas garantizan el derecho a la vivienda sin generar efectos adversos; si fortalecen el mercado o lo inhiben, y si brindan certidumbre a todas las partes”, argumentó.

En adición, señaló que se requiere escuchar a inquilinos, propietarios, especialistas, autoridades y sectores productivos, con la finalidad de lograr un equilibrio en el instrumento legislativo.

También, puntualizó, para no afectar a quienes apuestan a invertir en el tema de las propiedades y vivienda, ni a la ciudadanía, al establecer los criterios adecuados para garantizar certeza jurídica en la renta de vivienda.

¿En qué consiste la iniciativa de rentas justas en CDMX?

Primero, se propone establecer a nivel constitucional, que los precios de las rentas no pueden subir por encima de la inflación e incluir en la Constitución la obligación del Gobierno de articular una política integral para incrementar de manera significativa la oferta de vivienda social y asequible.

Asimismo, se incluye un mandato para que el Gobierno de la Ciudad de México continúe ampliando su reserva territorial, adquiriendo suelo para la producción de vivienda social.

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Además, se propone la creación de una institución pública encargada de la promoción y de la defensa de los derechos y obligaciones de las relaciones inquilinarias.

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