GUADALAJARA, Jal., 24 de abril de 2026.- La diputada local Brenda Carrera García fijó su postura respecto a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que anuló el proceso mediante el cual se buscaba transitar del sistema de partidos políticos a un modelo de usos y costumbres en el municipio de Bolaños.
En conferencia de prensa, la legisladora explicó que la autoridad electoral determinó dejar sin efectos el decreto correspondiente tras identificar diversas irregularidades que comprometieron la validez del ejercicio ciudadano.
Detalló que entre las principales fallas señaladas por el Tribunal se encuentran problemas en la organización de las asambleas, falta de mecanismos claros para verificar la participación y señalamientos sobre posibles prácticas de coacción del voto.
“Estos elementos no son menores; son condiciones básicas que deben cumplirse en cualquier ejercicio democrático y su incumplimiento justifica plenamente la decisión del Tribunal”, expresó.
La diputada, quien forma parte de la comisión legislativa encargada de dar seguimiento a este tema, aseguró que desde el inicio advirtió deficiencias en el proceso, particularmente en el cumplimiento de principios como la legalidad, la certeza y la transparencia.
Asimismo, señaló que uno de los puntos más relevantes fue la falta de inclusión de todos los sectores de la población, especialmente de la comunidad mestiza, lo que —dijo— limita que los resultados reflejen realmente la voluntad colectiva.
En este contexto, afirmó que la anulación del proceso no debe verse como un retroceso, sino como una oportunidad para corregir fallas y construir un nuevo ejercicio con mayores garantías democráticas.
“Hoy se abre la posibilidad de reconstruir el proceso desde sus bases, garantizando condiciones de legalidad, transparencia, certeza e inclusión. En el nuevo ejercicio deben participar todas y todos los habitantes de Bolaños, sin exclusiones, con información clara y absoluta libertad para decidir”, puntualizó.
Finalmente, la legisladora reiteró su disposición a dar seguimiento al tema y a que, en caso de que se realice un nuevo proceso, este se lleve a cabo con apego a la ley y respeto a los derechos de todas las personas, tanto de comunidades indígenas como mestizas.
El caso de Bolaños pone sobre la mesa la complejidad de implementar mecanismos de participación distintos al sistema de partidos, así como la necesidad de garantizar reglas claras, inclusión y certeza para que cualquier decisión tenga legitimidad social.
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