¿Qué originó la Operación Enjambre?
Todo comenzó en abril de 2024, cuando en dos pozos de agua del municipio de Nicolás Romero se hallaron los restos humanos de 10 víctimas. El hallazgo detonó una investigación que muy pronto dejó de apuntar hacia delincuentes comunes y comenzó a señalar hacia adentro de las propias instituciones municipales.
Conforme avanzaron las pesquisas, según reportó La Jornada con base en el comunicado conjunto de autoridades federales y estatales, se identificó como probables responsables a mandos y elementos de la policía de esa demarcación.
El 22 de noviembre de 2024, el Gobierno de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) pusieron en marcha la Operación Enjambre, una estrategia coordinada diseñada específicamente para investigar y detener a servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto y con su participación en grupos criminales con presencia en el Estado de México.
¿Qué tan profunda fue la infiltración criminal en las instituciones?
Más de lo que cualquier ciudadano esperaría. Mediante trabajos de campo, gabinete e inteligencia, las autoridades establecieron la probable participación de servidores y exservidores públicos de distintos niveles:
Presidentes municipales, integrantes de cabildo, comisarios de seguridad, directores de corporaciones policiales y elementos en activo al momento de los hechos. Los municipios involucrados incluyen Amanalco, Tlatlaya, Nicolás Romero, Coatepec Harinas, Acambay, Naucalpan, Tonatico, Santo Tomás de los Plátanos y Ecatepec.
El operativo fue coordinado por la SSPC, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y las instituciones locales del Estado de México.
¿Cuántos fueron sentenciados y a cuántos años?
La FGJEM ha obtenido hasta ahora 15 sentencias condenatorias contra 20 objetivos prioritarios, que en conjunto suman mil 146 años y seis meses de prisión por los delitos de homicidio, extorsión, secuestro, secuestro exprés, evasión y desaparición forzada.
El perfil de los sentenciados va desde una expresidenta municipal hasta policías de base, lo que revela una estructura criminal que penetró todos los niveles de la función pública municipal.
¿Quiénes son los casos más relevantes?
Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, acumula la condena más alta con 190 años de prisión en dos sentencias: 40 años por homicidio el 29 de enero de 2026 y 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión el 22 de abril de 2026.
María Elena Martínez Robles, exprimera dama municipal de Amanalco de Becerra, fue sentenciada el 16 de diciembre de 2025 a 70 años de prisión por el homicidio de integrantes de su propia administración. Las investigaciones la vinculan al Cártel de La Familia Michoacana, que mantiene presencia en el sur del Estado de México.
Eulises González Hernández, excomisario de Seguridad Pública de Acambay, suma 116 años en dos sentencias: 68 años y seis meses por desaparición forzada el 27 de octubre de 2025 y 47 años y seis meses por extorsión el 21 de noviembre del mismo año.
Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, alias El Matón, expolicía municipal de Nicolás Romero, fue sentenciado el 16 de julio de 2025 a 62 años y seis meses por secuestro exprés.
Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, expresidente honorífico del DIF de Tonatico, recibió 50 años por secuestro exprés con fines de extorsión.
Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, fue condenado a 50 años por secuestro exprés con fines de robo.
¿Qué pasó con los nueve sentenciados restantes?
Siete elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero recibieron cada uno 46 años y seis meses por homicidio calificado: Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez.
Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña, expolicías municipales de Ecatepec, fueron sentenciados el 14 de abril de 2026 a 47 años cada uno por homicidio.
Juan Cruz Solano, excomisario de Coatepec Harinas, recibió 40 años por extorsión.
Omar Leyva Montalvo, exsubdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, fue condenado a 40 años por extorsión.
Agustín Gildardo Bringas Álvarez, expolicía de Santo Tomás, fue sentenciado a 60 años por secuestro.
Erick Adrián Hernández Mejía, expolicía de Nicolás Romero, recibió 47 años y seis meses por homicidio.
Edgar Jiménez Ramos, exservidor público del Ayuntamiento de Santo Tomás, fue condenado a un año por evasión.
¿La operación ya concluyó?
No. La FGJEM fue explícita en su comunicado del 24 de abril de 2026: las acciones de la Operación Enjambre son permanentes. La Fiscalía continúa integrando expedientes de investigación contra servidores públicos de las administraciones actuales y pasadas que serán judicializados por su probable participación en hechos delictivos.
La institución puso a disposición de la ciudadanía el correo [email protected], el número 800 702 8770 y la aplicación FGJEdomex para denunciar cualquier hecho delictivo.