La reciente filtración de un documento interno del Pentágono, que sugiere la posibilidad de “suspender” a España de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ha reactivado un debate recurrente: ¿hasta dónde puede llegar la presión de EE UU dentro de la Alianza Atlántica? La respuesta, desde el punto de vista jurídico, no puede llegar tan lejos como plantea ese escenario.
La idea de castigar a aliados que no respaldaron la estrategia de Donald Trump en la guerra contra Irán encaja en una lógica política de presión, pero choca frontalmente con los límites establecidos en el Tratado de Washington, el documento que rige la organización desde 1949. Y esos límites son, en este caso, determinantes.
El diseño de la OTAN responde a una premisa básica, la cohesión interna como pilar de la disuasión. Por ello, sus fundadores evitaron incluir mecanismos que permitieran expulsar a un miembro, conscientes de que esa posibilidad podría debilitar la credibilidad del compromiso colectivo.
El artículo 13 del Tratado de Washington establece únicamente la salida voluntaria de un Estado, previa notificación formal. Es decir, un país puede abandonar la Alianza por decisión propia, pero no puede ser expulsado ni suspendido contra su voluntad. Esta ausencia no es un vacío accidental, sino una decisión política deliberada.
Ni siquiera en momentos de alta tensión, como los conflictos con Turquía por su implicación en la guerra civil en Siria o los debates históricos sobre el papel de Francia en la estructura militar, se ha planteado seriamente una expulsión, precisamente porque el marco jurídico no lo permite.
La presión política: lo posible frente a lo imposible
Que Washington no pueda suspender a España no significa que carezca de herramientas de presión. La potencia dominante de la Alianza dispone de mecanismos informales y políticos que pueden resultar igualmente eficaces, aunque menos visibles.
Washington podría, por ejemplo, bloquear nombramientos de representantes españoles en puestos clave de la estructura militar o política de la OTAN, ya que estos requieren consenso. También podría modular su nivel de compromiso en determinadas misiones o ejercer presión diplomática para aislar a Madrid dentro de determinados debates estratégicos.
Sin embargo, estas medidas tienen un límite, no pueden poner en cuestión el principio central de defensa colectiva sin erosionar la propia Alianza. Sugerir que Estados Unidos podría no acudir en defensa de un aliado sería, en la práctica, socavar el artículo 5, el corazón del sistema de seguridad transatlántico.
El contexto: Irán, gasto militar y tensiones transatlánticas
La filtración del Pentágono no surge en el vacío. Se inscribe en un contexto de fricciones acumuladas entre Washington y varios socios europeos. En el caso de España, el desacuerdo sobre la guerra contra Irán —incluyendo la negativa a permitir el uso de bases como Rota (Cádiz) o Morón de la Frontera (Sevilla)— ha sido un detonante directo.
A ello se suma el debate sobre el gasto en defensa, donde la Administración Trump ha elevado las exigencias hasta niveles muy por encima de los compromisos políticos previos. Aunque España ha incrementado su inversión, sigue lejos de las cifras que Washington considera adecuadas.
Este doble eje de seguridad internacional y contribución económica alimenta una narrativa estadounidense que cuestiona el equilibrio de cargas dentro de la OTAN. Pero convertir esa narrativa en medidas formales de exclusión choca con la arquitectura legal de la organización.
¿Una crisis de fondo en la OTAN?
Más allá de la imposibilidad jurídica de expulsar a un miembro, el episodio revela una tensión más profunda, la divergencia estratégica entre EE UU y algunos de sus aliados europeos. La OTAN fue concebida como una alianza de valores y seguridad compartida, pero esa convergencia no siempre se traduce en alineamiento automático en todos los conflictos.
La guerra contra Irán ha puesto de manifiesto esas diferencias. Mientras Washington busca un respaldo más contundente, varios países europeos optan por una interpretación más restrictiva de su implicación, basada en la legalidad internacional y en sus propios intereses nacionales.
La amenaza de “suspender” a España puede entenderse, por tanto, más como una herramienta retórica y política que como una opción real. Sirve para enviar un mensaje a los aliados y reforzar la posición negociadora de Estados Unidos, pero carece de viabilidad práctica dentro del marco actual.