El debate respecto a la venta de tortillas en espacios fuera de las tortillerías, almacenadas en hielera s y distribuidas en motos está, literalmente, sobre la mesa, con advertencias de sanciones para los comerciantes que realicen esta práctica y hasta el riesgo sanitario que supone su manejo, mientras pequeños comercios ven en esta modalidad un empuje para sus ventas y un mayor alcance al consumidor. La venta de tortillas, masa y otros derivados del maíz fuera de las tradicionales tortillerías no es una práctica nueva. Desde hace décadas es una opción de mercancía en tiendas, que también suelen ofrecer productos como pan, sobre todo cuando en las localidades no existen opciones cercanas al interior de los poblados o colonias.
El foco sobre el riesgo sanitarioEn zonas urbanas también hay ventajas, según los consumidores. “Por mi trabajo no alcanzo la tortillería abierta y en la tienda siempre hay. A veces no alcanzo el kilo, pero con medio ya salgo de urgencia”, dice Lucero, compradora en una tienda en la colonia San Simón Tolnáhuac. La venta de tortillas va más allá. Alexa, quien atiende el local de su familia, comenta que la venta de tortillas en la tienda obedece a la demanda de los compradores y a un acuerdo con una tortillería local. La comerciante señala que hay compradores que prefieren estas tortillas a las que se venden embolsadas. “Vendemos unos 25 kilos al día en bolsas de kilo y medio kilo. Al otro día, los de la tortillería se llevan las que no se llegan a vender para hacerlas tostadas y totopos”, cuenta Alexa. El encargado de la tortillería evitó hacer declaraciones respecto a cuánto representan los kilos que se venden en la tienda dentro de su venta diaria, así como la comisión para el establecimiento, aunque el precio del kilo de tortillas en la tortillería es de 21 pesos y en la tienda es de 23 pesos. El debate sobre las multas por la venta de tortillas en hieleras inició lejos de esta tienda de barrio en CDMX, en el sur de Tabasco, donde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aplicó sanciones económicas de hasta cuatro millones de pesos a establecimientos que venden tortillas en hieleras y motos, argumentando riesgos sanitarios. En la entidad, Manuel Alberto Leal Villarreal, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Golfo Norte, declaró que la venta de tortillas en esta modalidad impide que el comprador acceda a información básica, como el gramaje o las fechas de elaboración y caducidad. El argumento es que con esta práctica los comercios incumplen con las normas oficiales 051 y 187: la primera regula los sellos de advertencia en la parte frontal del etiquetado para advertir sobre exceso de calorías, azúcares, grasas y sodio; la segunda regula las especificaciones sanitarias, de calidad e información comercial para la masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas, tanto de maíz como de trigo.
Las declaraciones del funcionario encendieron el debate y las alertas en los pequeños comercios, como el que atiende Alexa. “Pensamos que era general porque la gente nos preguntó qué íbamos a hacer, pero ya vimos que no es aquí”, dice la encargada de la tienda de barrio en CDMX. Cuando el debate sobre la venta de tortillas almacenadas en hieleras alcanzó nivel nacional, la historia dio un giro después de que la Profeco aclaró que no es la autoridad encargada de aplicar sanciones por sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), respalda la práctica, al considerar que es un sistema de abastecimiento secundario para la venta de tortillas en el país, por lo que frenar estos puntos generaría falta de producto. “El sistema de tortillería de barrio es el que permite abastecer la demanda, y en México cada persona consume 70 kilos de tortilla al año. Las tortillas se ofrecen y distribuyen para que todos tengan acceso; operar de una forma diferente implicaría desarrollar otra capacidad de distribución que no tenemos y nos llevaría a una situación de desabasto”, declara. Respecto al riesgo sanitario, Rivera señala que las hieleras suelen ser herméticas y que los kilos están debidamente empaquetados. Además, este formato acerca un producto de alta demanda, mientras que el 70% del consumo se mantiene en las tortillerías del barrio. El representante añade que las tortillas que se comercializan fuera de las tortillerías funcionan como gancho para la venta de otros alimentos, como huevo, jamón o latas de atún, sin precisar en cuánto elevan el ticket de compra.
Sin embargo, para algunos productores el riesgo sanitario es latente. Blanca Mejía, coordinadora nacional de la Red de Maíz, advierte sobre el riesgo de reparto en motocicleta, particularmente en zonas de alta densidad poblacional, derivado de una competencia desleal de producto pirata que incumple con las normas de calidad. Mejía declaró que la postura de Profeco omite considerar que el marco jurídico mexicano establece responsabilidades más amplias para la protección del consumidor, y añade que son las autoridades quienes deben impulsar políticas públicas para modernizar el sistema de calidad y verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. “Resulta importante aclarar que no son las autoridades quienes están exigiendo estas acciones; somos las personas productoras de masa y tortilla quienes solicitamos que se cumpla la ley. Lo hacemos porque sabemos que la calidad, la higiene y la legalidad en la producción y comercialización de la tortilla son indispensables para proteger a la población y garantizar condiciones justas en el mercado”, dice. Para Mejía, el debate no debería centrarse en una confrontación entre autoridades y tortilleros, sino en cómo garantizar que el alimento más importante de la dieta mexicana se produzca y se comercialice bajo condiciones de calidad, higiene y competencia justa. Mejía señala indicios de un mercado desleal con tortillas pirata, que no cumplen con las reglamentaciones sobre los ingredientes, mientras que Rivera sostiene que en las tiendas de barrio y pequeños comercios son los tortilleros quienes se encargan de abastecer las hieleras. “Regular el mercado no significa perseguir a quienes trabajan honestamente. Significa poner orden en un sector estratégico para la seguridad alimentaria del país”, apunta Blanca Mejía.
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