El gabinete de seguridad de México, conformado por seis instituciones, entre ellas las secretarías de Gobernación y Seguridad, retomó ayer el tema sobre presencia de agentes de Estados Unidos en Chihuahua y aprovechó para señalar que la legislación es clara en ese sentido.
“No permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional. La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica…”.
El organismo, coordinado por el secretario Omar García Harfuch, revela algunos datos. Sobre los dos agentes estadounidenses que fallecieron, uno de ellos ingresó en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y la otra con pasaporte diplomático.
Es decir, y es lo delicado, los dos elementos de la CIA no tenían autorización para participar en actividades operativas en el territorio, lo que complica más la situación al Gobierno de Chihuahua.
Otro punto en contra del Gobierno estatal panista es que el Gobierno federal no tenía conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción operativa dentro del territorio nacional.
“En ese sentido, se realizan las revisiones correspondientes en coordinación con las autoridades locales competentes y con la Embajada de Estados Unidos en México”, cita el comunicado del gabinete de seguridad.
Hay que esperar el resultado de la investigación que inició la recién creada Unidad Especializada en Chihuahua, que indagaría el operativo en la comunidad de El Pinal, Municipio de Morelos, donde fue desmantelado un narcolaboratorio y murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes de EE.UU.
Hasta el pasado viernes, un total de 25 personas se habían inscrito para participar en la convocatoria que lanzó el Congreso para elegir al nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, cargo que dejará Luis Fernando Rentería.
La convocatoria se cerró el viernes y mañana se publica el nombre de quienes cumplieron con los requisitos; el Poder Legislativo entrevistará a los candidatos entre el 28 y 29 de abril.
La convocatoria establece que el 8 de mayo tendría que ser elegido el nuevo ombudsman para el periodo 2026-2030.
Entre los aspirantes están Emma Guadalupe Millán, quien es impulsada por la Barra Sonorense de Abogados; Saúl Torres Millán, ex director de Ceresos; Cervando Flores, procurador para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Sonora; Alonso Fonseca Cáñez, juez de Primera Instancia de Oralidad Penal del Estado.
Además de Sandra Luz Bernal Salido, directora del CBTA 97 de Navojoa; Luz Esthela Velarde, directora de Derechos de la Secretaría de las Mujeres; Gladys Yadira Herrera, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y enlace de Género del Creson.
También Itzel Guadalupe Reyes Cornejo, funcionaria del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, y Lizette Sandoval, activista, especialista en temas de liderazgo, entre otros.
La Embajada de Estados Unidos en México, de nuevo, alertó a los migrantes sobre el uso de “coyotes” para intentar cruzar ilegalmente la frontera.
La representación diplomática, coordinada por Ronald Johnson, lo hizo a través de un video en el que expresa que “los coyotes no te pueden llevar a Estados Unidos, sólo pueden quitarte tu dinero”.
Según datos de la Secretaría de Gobernación, el costo promedio que pagaron las personas migrantes de varios países que cruzaron la frontera rumbo al vecino país pasó de 3 mil 527 dólares (aproximadamente 61 mil 341.58 pesos mexicanos) en 2013 a 9 mil 271 dólares (cerca de 161 mil 241.23 pesos mexicanos) en 2022.