En plena precampaña andaluza, Pedro Sánchez ha optado por una estrategia que ya le ha dado réditos en el pasado: apropiarse del lenguaje de sus adversarios y darle la vuelta. La llamada “prioridad nacional”, impulsada por Partido Popular y Vox en distintos pactos autonómicos, se ha convertido ahora en munición política para el Ejecutivo, que la utiliza para reforzar su relato en defensa del Estado del bienestar.
Lejos de aceptar el marco planteado por la derecha, el presidente ha reinterpretado ese concepto para situarlo en el terreno de los servicios públicos. Frente a lo que considera un enfoque excluyente en materia de ayudas y derechos sociales, Sánchez contrapone un modelo basado en la universalidad: sanidad, educación y protección social sin distinciones. “Que te atiendan como paciente y no como cliente”, vino a resumir durante uno de sus actos.
El movimiento no es casual. El PSOE busca convertir la cita electoral en Andalucía en un debate ideológico de mayor alcance, en el que lo que esté en juego no sea solo el gobierno autonómico, sino el modelo de sociedad. En ese contexto, la candidatura de María Jesús Montero se apoya en el lema “Defiende lo público”, con el objetivo de situar la sanidad como eje central de la campaña.
Sin embargo, más allá del discurso, en las filas socialistas preocupa otro factor decisivo: la participación. La dirección del partido teme que una parte significativa de su electorado opte por la abstención ante la percepción de que las opciones de victoria son limitadas. De ahí los llamamientos insistentes a acudir a las urnas y evitar, en palabras de Montero, que los ciudadanos se conviertan en “espectadores”.
Los datos demoscópicos no invitan al optimismo para el PSOE. Las encuestas apuntan a que el actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, podría revalidar e incluso ampliar su mayoría, apoyado en una alta fidelidad de voto. En contraste, los socialistas afrontan una notable fuga de apoyos hacia otras formaciones de izquierda, lo que complica aún más su capacidad de competir en el reparto final de escaños.
En este escenario, Sánchez ha intensificado las críticas a los acuerdos entre populares y Vox, cuestionando tanto su encaje constitucional como su impacto social. A su juicio, introducir criterios de “arraigo” o preferencia en el acceso a recursos públicos supone vulnerar principios básicos de igualdad. Una tesis que ha acompañado con ataques al pasado del PP, reavivando el fantasma de la corrupción en plena campaña.
El debate sobre la sanidad se ha convertido, además, en un terreno especialmente sensible. Las listas de espera y la saturación del sistema han alimentado el malestar ciudadano, ofreciendo a los socialistas un argumento para denunciar supuestos procesos de privatización encubierta. No obstante, esa crítica convive con una realidad incómoda: la percepción de gestión del actual Ejecutivo andaluz sigue siendo mayoritariamente positiva entre los votantes.
Con varios mítines programados en las próximas semanas, Pedro Sánchez busca imprimir un giro a la campaña y reactivar a su electorado. El objetivo es claro: transformar una contienda que se presenta cuesta arriba en un plebiscito sobre el modelo social. La incógnita es si ese cambio de marco llegará a tiempo para alterar un escenario que, por ahora, se inclina del lado de la derecha. @mundiario