ORELIA, Mich., 26 de abril de 2026.- La Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales del Congreso de Michoacán mantiene en análisis una reforma para obligar a los ayuntamientos de Michoacán a transparentar y aplicar de forma directa los recursos que recaudan por concepto de alumbrado público.
La propuesta, surgida desde la bancada de Morena, plantea modificar la Ley Orgánica Municipal para establecer como obligación que esos ingresos se orienten exclusivamente a la prestación, mantenimiento, modernización y mejora del servicio, así como a garantizar la publicación desglosada de su origen y aplicación.
El eje de la iniciativa no es crear nuevos cobros, sino normar el destino de un ingreso ya existente en los municipios, bajo un criterio de trazabilidad que permita vincular lo recaudado con resultados visibles en calles y espacios públicos.
De acuerdo con la exposición de motivos, el problema tiene un alcance estatal y responde a una brecha entre la recaudación y la percepción ciudadana. En Michoacán, solo 52.3 por ciento de la población considera que el alumbrado público ilumina adecuadamente, mientras que apenas 35.8 por ciento reporta atención inmediata ante fallas.
El documento advierte que el alumbrado público incide directamente en la seguridad, la movilidad y la calidad de vida, por lo que su insuficiencia no es un asunto menor, sino un factor que condiciona el uso del espacio público y la convivencia social.
También señala que, aun con infraestructura y recursos relevantes destinados al sistema de iluminación, persiste una percepción de deficiencia, lo que obliga a fortalecer la planeación, el mantenimiento y, sobre todo, la rendición de cuentas.
En ese contexto, la reforma busca asegurar que el dinero público recaudado bajo este concepto cumpla con su finalidad social, evitando su dispersión o uso sin claridad, y estableciendo mecanismos que permitan a la ciudadanía conocer con precisión cuánto se recauda y en qué se gasta.
El planteamiento legislativo parte de una premisa central: si el cobro está vinculado a un servicio específico, su impacto debe reflejarse de manera directa en la mejora de las condiciones de iluminación en los municipios.
La iniciativa permanece en etapa de estudio y dictaminación en comisiones, donde se definirá si el Congreso establece esta obligación para todos los ayuntamientos del estado, en un tema que cruza finanzas públicas, seguridad y confianza ciudadana.
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