MORELIA, Mich., 18 de marzo de 2026.- Un recorte de hasta 420 millones de pesos al Congreso de Michoacán, derivado del Plan B impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, podría provocar el despido de hasta 400 trabajadores.
Así lo advirtió el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García este miércoles en rueda de prensa, al señalar que el recorte implicaría la eliminación de áreas completas, la cancelación de convenios con medios de comunicación y que diputados dejen de percibir dietas y prerrogativas.
El Legislador, emanado del PT, detalló que el Congreso estatal ejerce un presupuesto aproximado de mil 200 millones de pesos, sin incluir los 300 millones correspondientes a la Auditoría Superior de Michoacán, y explicó que la fórmula planteada para los congresos locales implicaría un recorte cercano a los 420 millones.
Precisó que en ese monto de mil 200 millones sí está contemplada la Unidad de Evaluación y Control, pero no la Auditoría, que cuenta con presupuesto independiente por el orden de los 20 millones de pesos.
Gaona García advirtió que el impacto principal recaería en la nómina. Señaló que actualmente el Congreso tiene alrededor de mil 50 trabajadores, por lo que para ajustarse al nuevo techo presupuestal tendrían que despedir entre 300 y 400 personas.
“Yo le calculo que pudiera reducirse hasta un despido de 300, 400 personas”, afirmó.
Sostuvo que ni siquiera eliminando totalmente las percepciones de los legisladores se lograría cubrir el ajuste. Explicó que, de aplicarse el recorte en esos términos, diputados tendrían que renunciar a sueldo, dieta, prerrogativas, apoyos de gestión, equipos territoriales y personal en distritos.
“Reducir 420 millones implicaría que los diputados no cobraran un solo peso de entrada, ni sueldo, ni dietas, ni recursos para ayudar a los ciudadanos, nada de gestión. Aun así no alcanzamos a superar el reto”, dijo.
El diputado expuso que el Congreso tendría que cancelar contratos con medios de comunicación, suspender sesiones solemnes fuera de Morelia, eliminar condecoraciones y recortar actividades extraordinarias.
También advirtió la posible desaparición de áreas como Comunicación Social, biblioteca, archivo y las oficinas de gestión ciudadana.
Añadió que ya no habría recursos para mantener casas de enlace ni equipos de atención en municipios, lo que impactaría directamente la operación territorial de los legisladores.
Como ejemplo, indicó que él representa cinco municipios y cuenta con equipos de trabajo en cada uno para atender gestiones sociales, médicas y reuniones con ciudadanos, estructura que tendría que desaparecer.
Gaona García consideró que el Congreso solo podría operar de manera viable con una plantilla de entre 300 y 400 trabajadores, pero para ello tendría que realizarse una liquidación general y una nueva contratación bajo condiciones distintas.
Reconoció que la medida sería compleja, debido a que gran parte del personal es sindicalizado o cuenta con base, lo que limita los márgenes de maniobra.
Además, señaló que el Congreso enfrenta 148 demandas laborales de ex trabajadores que reclaman indemnizaciones, lo que agrava el panorama financiero.
“Lo ideal sería sanear el Congreso y empezar prácticamente de cero”, sostuvo.
Pese a ello, afirmó que votaría a favor del Plan B, incluso si implica dejar de percibir ingresos como diputado.
“Si me toca no cobrar un solo peso, yo estoy totalmente dispuesto a hacerlo”, declaró.
En su posicionamiento, también sugirió que la reforma responde a una necesidad interna de Morena para ordenar el uso del recurso público, al ser el partido con mayor presencia en cargos de gobierno.
“Si la Presidenta ya detectó excesos en quienes administran los recursos públicos, hay que ayudarle aprobando esta reforma”, expresó.
Durante la rueda de prensa, surgieron cuestionamientos sobre el tamaño real del recorte, al señalarse que podría ser menor, cercano a 200 millones de pesos. Sin embargo, Gaona insistió en que el ajuste, en cualquier escenario, obligará a una reestructura profunda del Congreso.
En otro tema, explicó que el retraso en el pago a medios de comunicación no fue responsabilidad del Comité de Comunicación, sino de la Junta de Coordinación Política, que detuvo la autorización de contratos por diferencias sobre los criterios de asignación.
Detalló que los convenios fueron procesados desde febrero, pero fue hasta el martes cuando la Junta aprobó liberar los recursos e instruyó al área de Finanzas iniciar la dispersión, aunque no precisó cuándo se concretará.
El presidente del Congreso advirtió que el Plan B, de aprobarse en los términos planteados, implicará ajustes severos en la operación legislativa, reducción de personal, cancelación de servicios y una reconfiguración total del aparato administrativo del Poder Legislativo en Michoacán.
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