TEOTIHUACÁN, Edomex., 27 de abril de 2026.- La Secretaría de Cultura y el INAH atraviesan una crisis operativa de 15 meses que ha vulnerado el resguardo de monumentos históricos y zonas arqueológicas en México. Tras cancelar convenios con la Policía Auxiliar en 2025 para contratar empresas privadas mediante procesos poco claros, recintos clave como la ENAH y Teotihuacán quedaron expuestos.
Esta situación alcanzó su punto crítico esta semana con un tiroteo y asesinato en la Zona Arqueológica de Teotihuacán. El hecho puso en evidencia que, mientras el INAH privilegiaba administrativamente otras zonas, el sitio prehispánico más visitado del país operaba con detectores de metales inservibles y vigilancia externa.
El laberinto de las licitaciones
Una investigación de registros públicos reveló discrepancias graves entre los comunicados oficiales del INAH y los contratos reales en la plataforma ‘ComprasMX’. El instituto anunció a las empresas ‘SSS Asistencia’ y ‘Sistemas Prácticos’ como ganadoras, pero estas no figuran en los documentos de adjudicación finales.
En su lugar, el contrato LA-48-D00-048D00001-N-5-2025 benefició a firmas como Seguridad Privada Guns 8A y Grupo LOA por un monto de hasta 52 millones de pesos. Sin embargo, este acuerdo solo tuvo una vigencia de tres meses, dejando un vacío legal y operativo en la protección del patrimonio nacional.
Teotihuacán en el olvido administrativo
A pesar de su relevancia mundial, Teotihuacán quedó fuera del contrato principal de seguridad del INAH, limitando la cobertura en el Estado de México (EMX) solo al centro de Malinalco. Esta exclusión obligó a delegar la vigilancia en los Cusaem y el apoyo intermitente de la Guardia Nacional.
La falta de una estrategia integral permitió que la inseguridad escalara en la zona, donde el equipo técnico de revisión no funciona al 100 por ciento. El tiroteo reciente es visto por especialistas como la consecuencia directa de una cadena de errores administrativos y falta de transparencia en la gestión de recursos.
Consecuencias y cambios internos
Ante el caos generado, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, ordenó la destitución del director de Seguridad del INAH, Pedro Alberto Velázquez. Asimismo, instruyó restablecer de inmediato los contratos con la Policía Auxiliar y cuerpos homólogos en los estados para recuperar el control de los recintos.
No obstante, el daño institucional persiste, ya que se confirmó que al menos 30 museos e inmuebles tuvieron que cerrar sus puertas por falta de vigilancia. La improvisación en la seguridad privada no solo afectó el turismo y la educación, sino que puso en riesgo la integridad física de visitantes y trabajadores.
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