La crisis en el estrecho de Ormuz ha entrado en una fase decisiva en la que el derecho internacional, la seguridad energética y la rivalidad geopolítica convergen de forma explosiva. El reciente posicionamiento de Organización de las Naciones Unidas, rechazando de forma tajante la pretensión iraní de imponer peajes al tránsito marítimo, no solo delimita el marco jurídico del conflicto, sino que también deja al descubierto la profundidad de una confrontación que ya trasciende lo regional.
La libertad de navegación en estrechos internacionales no está sujeta a negociación ni a imposiciones unilaterales. Así lo reiteró el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OIM), quien subrayó que no existe base legal alguna que ampare el cobro de tasas en rutas como Ormuz, una arteria por la que circula una parte sustancial del comercio energético mundial.
El estrecho de Ormuz no es un simple corredor marítimo, es uno de los principales cuellos de botella del sistema económico global. Por él transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, además de una proporción crítica de suministros energéticos destinados a Asia, Europa y otros mercados emergentes.
La propuesta iraní de imponer tasas que podrían alcanzar cifras millonarias por buque no puede entenderse únicamente como una medida económica. Se trata, en realidad, de una herramienta de presión estratégica en un contexto de creciente aislamiento internacional y la guerra abierta con Estados Unidos e Israel. El intento de convertir una vía internacional en una fuente de ingresos soberanos rompe con décadas de consenso jurídico y abre la puerta a un precedente peligroso, la instrumentalización de las rutas marítimas como arma geopolítica.
La respuesta internacional: entre la legalidad y la disuasión
Frente a esta iniciativa, la comunidad internacional ha reaccionado en dos planos. Por un lado, el rechazo jurídico encabezado por la ONU refuerza el principio de libre tránsito. Pero la respuesta de EE UU introduce un componente claramente estratégico, la propuesta de crear una coalición internacional para garantizar la seguridad del paso marítimo.
La iniciativa estadounidense no es nueva en su lógica, pero sí relevante en su contexto. La idea de agrupar a países aliados para escoltar buques, desactivar minas y asegurar rutas recuerda a otras operaciones navales en zonas de alta tensión, pero en este caso se produce en medio de un conflicto abierto con implicaciones energéticas globales.
Washington plantea así una disyuntiva clara: o se preserva el principio de libertad de navegación mediante acción colectiva, o se acepta una progresiva fragmentación del orden marítimo internacional.
Riesgo de escalada y consecuencias económicas
El problema es que ambas dinámicas —la imposición iraní y la respuesta militar occidental— contienen un alto potencial de escalada. La militarización del estrecho incrementa el riesgo de incidentes, errores de cálculo o enfrentamientos directos, en un entorno ya de por sí volátil.
Las consecuencias económicas ya son visibles. El aumento del precio del crudo, que ha superado niveles no vistos en años, es solo la primera señal de una posible crisis más profunda. La interrupción prolongada del tráfico en Ormuz podría producir efectos en cadena: encarecimiento de la energía, disrupciones en las cadenas de suministro y presión inflacionaria a escala global.
Además, organismos internacionales han advertido del impacto humanitario. La restricción del paso marítimo afecta también al transporte de alimentos y ayuda humanitaria, especialmente hacia regiones vulnerables de África y Asia. @mundiario