Predial, agua, basura y DAP-CFE, golpe a municipalismo
Desde los gobiernos neoliberales del PRI-PAN hasta el segundo piso de la Cuarta Transformación, el municipalismo ha sido vulnerado por el centralismo estatal y federal.
El 115 constitucional garantiza la autonomía municipal al establecer un ayuntamiento de elección popular directa, personalidad jurídica propia, libre administración de su hacienda y la exclusividad en la gestión de servicios públicos sin autoridades intermedias.
Los gobiernos municipales son responsables de servicios clave como agua potable, alumbrado público, limpia, panteones, rastro, parques y seguridad pública (policía preventiva y tránsito).
Varios son los actos recientes adversos a la autonomía municipal; en Puebla capital, con el traslado de la recaudación del impuesto predial al gobierno del estado; y la segunda, la violación presidencial al reducir el número de regidores en los cabildos del país.
Los regímenes del PRI y del PAN, de Carlos Salinas de Gortari, pasando por los de Vicente Fox y Felipe Calderón, hasta el régimen de la 4T con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, continuaron con los agravios a la autonomía municipal.
La ola de privatizaciones neoliberales empezó en los gobiernos priistas; se afianzó en los sexenios panistas y se extendieron desde 2018 cuando la supuesta izquierda (socialdemócratas) en los tres órdenes cuando asumió el poder Morena, el Partido-Estado.
Los gobiernos priistas, panistas y morenistas (antes PRD) lo privatizaron todo en los municipios, para hacer de las obligaciones municipales negocios a favor de las empresas privadas monopólicas.
Fue en el sexenio salinista cuando se empezó la privatización de la recolección de la basura (ya le había vendido a Carlos Slim Teléfonos de México); gustosos, los gobiernos panistas en el norte del país, principalmente en Nuevo León, empezaron a privatizar ese servicio público y se extendió en todos los municipios del país, con el argumento de la ineficiencia. (Leoncio Paisano otorgó una concesión por 30 años en San Andrés Cholula).
A Puebla arribaron las primeras empresas privadas recolectoras de basura -siguen a la fecha- de firmas regiomontanas que lograron contratos en diversos ayuntamientos.
En la ciudad capital se privatizó en 1994 el servicio de recolección por el alcalde priista Rafael Cañedo Benitez (+), en el sexenio del salinato y con uno de los gobernadores más neoliberales, Manuel Bartlett; es mismo gobernante le arrebató al ayuntamiento poblano el Soapap, para enfilarlo a la privatización.
El atraco priista a las obligaciones municipales, al privatizar el servicio de la recolección de basura, se agregaron -con el llamado círculo virtuoso neoliberal- al concesionar el centro de acopio: a la Promotora Ambiental (PASA) la recolección, y a Rellenos Sanitarios (RESA) la operación del relleno sanitario "Chiltepeque" (hasta la fecha).
Con esa misma visión neoliberal, el PRI y PAN vieron como un negocio rentable la privatización de los servicios de agua potable y alcantarillado, y en la mayoría de los estados son empresas privadas las que operan ese servicio público, una obligación municipal.
El carácter del municipio libre y autónomo definido por los constituyentes ha sido usado como bandera electoral para ofrecer revertir los daños del neoliberalismo, con la promesa de remunicipalizar los servicios de recolección de basura y de agua potable.
Sin embargo, una vez en el poder, los gobiernos morenistas son igual o más neoliberales que los del PRI y el PAN, como es el caso de la concesión a Agua de Puebla; intocable y con más beneficios en la 4T.
Ahora, si técnicamente la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado se encargará de la recaudación municipal del impuesto predial, por un convenio a todas luces violatorio a la constitución, el riesgo para los contribuyentes son las prácticas de terrorismo fiscal, como lo hace el gobierno estatal como coadyuvante de la recaudación de impuestos federales del SAT.
Todas las entidades le meten mano a la violada autonomía municipal del 115 constitucional, con cargo a los habitantes de los municipios del estado.
En 2023 en un agravio contra los habitantes de la ciudad capital, el gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con el ayuntamiento de Puebla, impusieron el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP) en los recibos de la CFE con pagos obligatorios d manera bimestral.
Hicieron mancuerna en otro cobro neoliberal, el entonces alcalde panista Eduardo Rivera Pérez, y el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz; éste último, el azote neoliberal del municipalismo.
La autonomía municipal en su articulo115 Constitucional, ha sido vulnerada con el mismo sesgo neoliberal del PRI, PAN y Morena; desde privatizar los servicios públicos hasta imponer formas de gobierno en los cabildos.
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