Las filas de pipas en algunas terminales de almacenamiento comenzaron a alargarse en los últimos días, pero no por falta de producto. El fenómeno, que en un inicio se interpretó como desabasto, respondió en realidad a una dinámica distinta: menos diésel importado entrando al país y una operación más cautelosa por parte de los distribuidores. El alza en el precio internacional del diésel , impulsada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, presionó los costos de adquisición del combustible. El impacto se trasladó de inmediato a las empresas mexicanas, que dependen en buena medida de las importaciones desde el mercado estadounidense. Sin embargo, el encarecimiento no solo elevó los costos para transportistas, industrias y consumidores finales. También activó un proceso de ajuste interno en la cadena de suministro: la racionalización del consumo y, sobre todo, de las compras.
Un precio político frente a un costo internacional El punto de quiebre se ubicó en el desfase entre el precio real del combustible en el mercado internacional y el tope que impuso el gobierno federal en México. Mientras las referencias externas continúan al alza, la política interna se sostiene en un “pacto voluntario” que busca que las estaciones de servicio no vendan el diésel por encima de 28 pesos por litro, bajo la advertencia de sanciones públicas y administrativas en caso de incumplimiento. Fuentes con conocimiento del tema explicaron que el problema no radica en la falta de producción, sino en la imposibilidad de trasladar esos costos al precio final. El precio promedio nacional se ubicó este lunes en 28.21 pesos por litro, apenas 21 centavos por encima del objetivo oficial, una diferencia que, aunque parece marginal, define la viabilidad operativa para buena parte de los participantes del mercado. En ese contexto, cada litro vendido bajo el tope implica una pérdida o, en el mejor de los casos, un margen insuficiente para sostener la operación, lo que ha terminado por presionar ajustes en toda la cadena, desde las importaciones hasta la venta al consumidor final.
Traer menos para perder menos La política de control de precios se formalizó el 26 de marzo, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el diésel sería topado, al igual que la gasolina regular, tras registrar incrementos significativos. En ese momento, el precio máximo se fijó en 28.50 pesos por litro, con la intención de reducirlo gradualmente. El ajuste posterior lo llevó a 28.28 pesos, pero el cumplimiento resultó limitado desde el inicio. La consecuencia inmediata fue una reducción en las importaciones. Reducir el volumen de compra se convirtió en la principal vía para contener pérdidas, aunque ello genere tensiones logísticas en terminales y estaciones de servicio. “Los importadores no tienen descuentos por parte del mercado gringo, ellos responden justo a los precios del mercado, y alinearse con el pacto es prácticamente establecer precios artificiales que no son sostenible en el tiempo. Lo que hacen es traer menos producto para tener menos pérdidas por un combustible por el que no pueden cobrar lo necesario para tener un margen comercial funcional”, aseguró una fuente que pidió el anonimato.
Presión oficial, cumplimiento incompleto Datos revelados el 8 de abril mostraron que casi 8,000 gasolineras no respetaban el tope. La respuesta del gobierno incluyó una escalada en las medidas de presión, desde inspecciones más estrictas hasta la colocación de lonas por parte de la Profeco señalando a las estaciones con precios altos. Las mantas, visibles para los consumidores, se convirtieron en un instrumento de disuasión pública. A ello se sumaron advertencias sobre posibles revisiones fiscales por parte del SAT, elevando el costo de incumplir el acuerdo. La semana pasada, el gobierno y empresarios gasolineros sostuvieron una nueva reunión. De ahí surgió un ajuste adicional: el tope se fijó en 28 pesos por litro y se acordó realizar encuentros semanales para evaluar el avance del cumplimiento. A pesar de la presión, el mercado no se ha alineado por completo. La resistencia refleja el desbalance persistente entre costos internacionales y precios domésticos. Datos de PetroIntelligence indican que, de las 10,308 estaciones que reportan precios, el 57% cumple con el tope. El 43% restante —unas 4,432 estaciones— continúa vendiendo por encima del límite establecido. “Sí está funcionando (la presión del gobierno) pero no se visualiza que lleguemos a los 28 pesos debido a que el precio de mayoreo no se actualizó el viernes pasado. Permaneció en 26.14 por litro”, explicó Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence. ]]>