Chihuahua— César Jáuregui Moreno presentó su renuncia irrevocable como fiscal general del Estado, tras reconocer omisiones institucionales relacionadas con la presencia de personas extranjeras que se identificaron como presuntos funcionarios, situación que derivó en una revisión interna de la dependencia.
Su renuncia fue dada a conocer en el auditorio de la Fiscalía General, luego de que Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril, presentara avances en relación con la indagatoria sobre el operativo que condujo al desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas y drogas sintéticas en el municipio de Morelos.
Jáuregui agradeció la presencia de los medios de comunicación y la atención a su mensaje y con voz cortada leyó el documento de renuncia que, dijo, había sido entregado por la mañana en el despacho de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, en el que argumentó que su decisión responde al deber de responsabilidad en el servicio público y a la necesidad de garantizar transparencia ante la ciudadanía.
Admitió que la información inicial que la Fiscalía compartió sobre estos hechos resultó inconsistente, lo que obligó a iniciar investigaciones para esclarecer la participación de dichas personas y revisar los mecanismos internos de control y comunicación.
Señaló que las indagatorias permitieron detectar omisiones tanto en el flujo de información como en la gestión institucional, lo que vulneró los protocolos que debía garantizar como titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, por lo que asumió la responsabilidad política en su carácter de líder de la institución.
Indicó que, si bien la Fiscalía ha mantenido como eje la protección de la sociedad y el combate al crimen organizado, las acciones emprendidas deben apegarse de manera estricta a la legalidad, sin que los resultados justifiquen desviaciones en los procedimientos establecidos.
En su mensaje, también señaló que estos hechos opacaron uno de los operativos recientes más relevantes, relacionado con la destrucción de un laboratorio de drogas de gran escala, considerado uno de los mayores golpes a la delincuencia organizada en el país.
Explicó que su salida busca permitir que las investigaciones continúen con autonomía, prontitud y exhaustividad, además de contribuir a restablecer la confianza pública y fortalecer los controles al interior de la institución.
Sostuvo que la prioridad es evitar que este caso afecte la coordinación institucional en materia de seguridad en Chihuahua, así como preservar la integridad de las operaciones legítimas en el combate a la delincuencia.
Finalmente, agradeció la oportunidad de haber encabezado la Fiscalía y reiteró que la protección de la sociedad debe ejercerse bajo el marco de la ley. La determinación sobre la aceptación de su renuncia quedará en manos de la titular del Ejecutivo estatal.
Designa Maru Campos encargado de despacho
La gobernadora Maru Campos designó a Francisco Sáenz Soto como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), en tanto se realiza el nombramiento de la persona titular de la dependencia, informó anoche Comunicación Social del Gobierno del Estado mediante boletín.
La designación, desglosa el comunicado, fue emitida con fundamento en las facultades que le confieren el artículo 93, fracción XL, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como el artículo 13 bis, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
Agregó que la mandataria estatal instruyó al funcionario a conducirse conforme a los principios que rigen el servicio público.
Francisco Sáenz Soto asumirá funciones a partir de esta fecha y permanecerá en el cargo hasta que designen un nuevo titular de manera definitiva, de acuerdo al procedimiento constitucional y legal correspondiente.
Revelan posible colaboración extraoficial
Los primeros avances de la investigación encabezada por Wendy Paola Chávez Villanueva apuntan a que la presencia de los dos ciudadanos estadounidenses responde a una posible colaboración de carácter extraoficial.
La funcionaria informó que, hasta este momento, no existe evidencia de que dichas personas participaran de manera formal en el despliegue operativo, ni que actuaran como integrantes de alguna corporación de seguridad.
Detalló que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió carpetas de investigación desde que conoció el caso y remitió dos de ellas a la Fiscalía General de la República (FGR). La Unidad Especializada integró planes de investigación y desarrolló diligencias que incluyen cerca de 50 entrevistas ministeriales y más de 10 informes periciales, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido antes, durante y después del operativo.
Los testimonios recabados señalan que cuatro personas de origen extranjero se integraron al convoy de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) desde su salida de la ciudad de Chihuahua el 16 de abril. Viajaron en vehículos asignados al director de la corporación y a su equipo de seguridad, sin portar armas, uniformes ni insignias, y mantuvieron el rostro cubierto la mayor parte del tiempo.
El personal participante indicó que estos civiles no ingresaron a reuniones con mandos militares en Guachochi ni intervinieron en la planeación, coordinación o ejecución de las acciones en campo, pues su interacción fue sólo con el director de la AEI y su círculo cercano.
La investigación también establece que la incorporación de estas personas al convoy no fue reportada a mandos superiores, ni existe registro de autorización para su acompañamiento, omisión que forma parte de las líneas de indagatoria abiertas.
El operativo inició el 16 de abril, cuando un convoy de aproximadamente 50 elementos partió de la capital del estado hacia la región serrana. El 17 de abril, tras horas de traslado por brechas, el personal arribó a la zona de El Pinal, donde instaló un campamento y continuó con los rastreos al día siguiente.
El 18 de abril los agentes localizaron dos laboratorios clandestinos y el director de la corporación notificó a mandos de la Fiscalía estatal y a subdelegados de la Fiscalía General de la República para definir competencias y asegurar el sitio.
Horas después, el mando ordenó el retorno a la ciudad de Chihuahua. Durante la madrugada del 19 de abril, al transitar por un camino de terracería en las inmediaciones de Polanco, uno de los vehículos perdió el control y se desbarrancó. En el accidente murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación, uno de sus escoltas y dos civiles extranjeros.
Peritajes establecieron que las condiciones del terreno y la baja visibilidad influyeron en el siniestro. Tras el impacto, integrantes del convoy prestaron auxilio y resguardaron la escena. En ese momento, un escolta refirió que las personas fallecidas eran presuntamente ciudadanos estadounidenses vinculados como enlaces con la Embajada de Estados Unidos.
La representación consular en Ciudad Juárez reclamó los cuerpos y proporcionó datos de identificación, sin precisar si las víctimas pertenecían a alguna agencia oficial. La Unidad Especializada solicitó información adicional a las autoridades diplomáticas para confirmar su identidad y posible función.
Chávez Villanueva subrayó que con la información disponible, las personas extranjeras no ejercieron actos de autoridad ni participaron en funciones operativas, aunque la investigación detectó indicios de una relación no formal cuya naturaleza definirán en etapas posteriores.
La funcionaria agregó que la Fiscalía estatal mantendrá coordinación con instancias federales y el Consejo Nacional de Seguridad para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.