La petición de España a la Comisión Europea para excluir parte del gasto en defensa del cómputo fiscal marca un giro relevante en su política económica. El Ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez, ha solicitado activar la denominada “cláusula de escape”, un mecanismo que permite flexibilizar temporalmente las reglas presupuestarias en circunstancias excepcionales. El objetivo es aumentar el gasto militar sin incumplir los compromisos fiscales acordados con Bruselas.
La llamada cláusula de escape forma parte del nuevo marco fiscal europeo y permite a los Estados miembros excluir determinados gastos —como los vinculados a defensa— del cálculo del gasto computable. Este indicador, clave en las reglas actuales, sustituye en gran medida al tradicional objetivo de déficit como referencia principal de disciplina fiscal.
España, que inicialmente no contemplaba utilizar este mecanismo, ha terminado recurriendo a él ante la presión del aumento del gasto público. Según explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la solicitud se enmarca en una tendencia europea: al menos 17 países han optado por esta vía para reforzar su capacidad de inversión en seguridad.
La activación de esta cláusula permite a España disponer de un margen adicional estimado en unos 3.500 millones de euros, equivalente a aproximadamente 0,2 puntos del PIB. Este colchón facilita elevar el gasto sin superar el límite del 4,5% de crecimiento del gasto computable fijado por la Unión Europea.
El aumento del gasto en defensa: de la reticencia a la aceleración
El Gobierno sostiene que ha cumplido formalmente con los objetivos fiscales, situando el crecimiento del gasto computable en el 4,5%. Sin embargo, este cumplimiento ha sido posible precisamente gracias al uso de mecanismos de flexibilidad como la cláusula de escape. Sin ella, las estimaciones apuntaban a un crecimiento cercano al 5%, lo que habría puesto a España en riesgo de un procedimiento por déficit excesivo.
Este matiz es clave para entender la estrategia: no se trata de reducir el gasto, sino de redefinir qué parte de ese gasto cuenta a efectos de las reglas fiscales. En paralelo, el déficit público ha seguido una senda descendente, hasta el 2,2% del PIB en 2025, con previsión de caer al 1,6% en 2026, apoyado en el crecimiento nominal de la economía y el aumento de la recaudación.
Uno de los elementos más relevantes es el cambio de postura del Ejecutivo respecto al gasto militar. Tradicionalmente reacio a incrementos significativos, el Gobierno de Sánchez ha acelerado la inversión en defensa en los últimos meses, impulsado por las exigencias de la OTAN y el deterioro del contexto internacional.
Las cifras reflejan esta evolución. Informes independientes sitúan el gasto militar español muy por encima de los niveles oficiales si se incluyen partidas indirectas, con incrementos que llegan al 35% interanual. En términos históricos, el gasto ha crecido más de un 120% en la última década, superando el umbral del 2% del PIB, una referencia clave dentro de la OTAN.
Este aumento no es un fenómeno aislado. En Europa, el gasto en defensa ha registrado el mayor crecimiento desde el final de la Guerra Fría, en parte por la presión de Estados Unidos y por conflictos como la guerra en Ucrania y la inestabilidad en Oriente Próximo.
Más allá de la defensa: el intento de ampliar la flexibilidad
El Gobierno no limita su estrategia a la defensa. También ha planteado a Bruselas la posibilidad de aplicar una cláusula similar para el gasto en transición energética, argumentando que el contexto internacional —marcado por el encarecimiento de la energía— justifica una mayor flexibilidad.
Por ahora, la Comisión no ha dado señales de aceptar esta propuesta, defendiendo que las economías europeas mantienen un ritmo de crecimiento suficiente pese al shock energético. Esta negativa marca un límite a la capacidad del Ejecutivo para ampliar el margen fiscal más allá del ámbito militar.
La activación de la cláusula de escape tiene varias consecuencias. En el plano económico, permite sostener el aumento del gasto sin deteriorar formalmente los indicadores fiscales, lo que contribuye a mantener la credibilidad ante los mercados y las instituciones europeas. Sin embargo, no elimina el impacto real sobre el déficit ni sobre la deuda pública.
En el plano político, refleja una adaptación a un entorno internacional que prioriza la seguridad. España, como otros países europeos, está reconfigurando sus prioridades presupuestarias, desplazando recursos hacia la defensa en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica. @mundiario