La caída del real decreto de prórroga de los alquileres en el Congreso de los Diputados marca un punto de inflexión en la legislatura. Más allá de la derrota numérica —177 votos en contra frente a 166 a favor y cinco abstenciones—, la derrota deja al descubierto una fractura interna, entre los socios del Gobierno de coalición, y un malestar creciente con los socios nacionalistas de derechas que hasta ahora habían sostenido al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La medida, desgajada del decreto ómnibus por la guerra en Irán a instancias de Sumar y defendida con especial intensidad por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, pretendía extender durante dos años la limitación de precios del alquiler. El argumento central era evitar subidas bruscas que afectarían a millones de hogares a raíz del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, la iniciativa naufragó antes incluso de la votación final, víctima de una aritmética parlamentaria inamovible y de una estrategia de negociación del Gobierno que no movió la aguja de Junts, y que incluso arrimó al PNV a no apoyar el decreto.
Uno de los momentos más demoledores de la sesión fue la imagen de soledad del socio minoritario del Gobierno. Mientras Bustinduy defendía el decreto en el hemiciclo, la ausencia de figuras relevantes del ala socialista —incluida la ministra de Vivienda— reforzó la percepción de descoordinación dentro del Ejecutivo y de haber dado el decreto por perdido por parte del PSOE. En los escaños de los miembros del Consejo de Ministros, al menos, se ha contado a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y a el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
Las críticas no tardaron en aflorar. Desde Sumar se acusó directamente al PSOE de haber abandonado la negociación, alimentando la idea de que el Gobierno opera con agendas paralelas. El portavoz de los socialistas, Patxi López, respondió advirtiendo a sus socios que no se equivocasen de “adversario”, ya que los 120 diputados de su grupo apoyaron la iniciativa. También ha negado que su partido arrastrara los pies en esta votación e intentó echar balones fuera desplazando el foco hacia el PP, Vox y UPN, porque “la autocrítica deben hacerla los que votan en contra”.
El PNV se distancia: una señal política de fondo
Si el rechazo de los partidos de las derechas era previsible, la abstención del Partido Nacionalista Vasco terminó de caer como una losa sobre el Gobierno. El sentido de su voto no fue determinante en el resultado final ya que Sánchez necesita los votos de todos sus socios todo el tiempo, pero sí significa un desaire de los jeltzales, que sienten un malestar en pleno desarrollo con el PSOE, después de que la federación de los socialistas en Euskadi publicara en redes sociales una imagen hecha con inteligencia artificial en la que aparece el líder de los nacionalistas, Aitor Esteban, lanzándose trajeado a una piscina.
La portavoz parlamentaria, Maribel Vaquero, no hizo alusión a la crisis desatada con los socialistas, pero justificó la costumbre del Gobierno de presionar con la convalidación de sus decretos a última hora sin negociar con sus socios, y las dudas jurídicas que despierta el contenido de la medida. La diputada jeltzale también inquirió al presidente “cómo pretende seguir” gobernando “sin contar ya con apoyos parlamentarios claros”.
El malestar también se vio manifestado a través de la cancelación de una reunión entre la cúpula de Esteban con Ferraz y el PSE-EE en Bilbao, en plenas negociaciones por la reforma del estatuto del País Vasco y la obligatoriedad del euskera en la Administración pública. Este gesto simboliza una pérdida de confianza que trasciende el debate sobre vivienda y apunta directamente a la estabilidad de la mayoría parlamentaria.
Junts y el bloqueo estructural
El papel de Junts per Catalunya confirma un bloqueo que ya no es coyuntural, sino estructural. La formación independentista mantuvo su rechazo sin margen para la negociación, argumentando inseguridad jurídica, errores técnicos y falta de incentivos reales para aumentar la oferta de vivienda.
Este posicionamiento sigue con la línea de ruptura con el Gobierno que Carles Puigdemont trazó en otoño del año pasado, que refuerza una dinámica en la que La Moncloa depende de socios que, en la práctica, ya no actúan como tales. La legislatura no ve otra dinámica en la que cada iniciativa no se convierta en una negociación incierta, sin garantías de éxito.
El fracaso del decreto no puede interpretarse únicamente como un desacuerdo sobre política de vivienda. Es, sobre todo, un síntoma de desgaste institucional. La insistencia del Ejecutivo en aprobar medidas mediante decretos sin negociación previa ha erosionado la confianza incluso entre aliados tradicionales. @mundiario