El juicio por la presunta trama de comisiones vinculada a contratos de material sanitario durante la pandemia ha dado un giro de alto impacto tras la declaración del empresario Víctor de Aldama. En una intervención extensa y cargada de afirmaciones polémicas, el considerado intermediario clave del caso ha dibujado una supuesta estructura jerárquica en la que sitúa en lo más alto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seguido por el exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García.
Aldama, que ha reconocido su papel dentro de la red investigada, ha asegurado que durante años realizó pagos periódicos a Ábalos y Koldo García, cifrando en unos 10.000 euros mensuales las entregas destinadas, según su versión, a cubrir gastos personales. A ello se sumarían cantidades mucho más elevadas procedentes, afirma, de constructoras beneficiadas por adjudicaciones públicas, que habrían llegado a alcanzar hasta 250.000 euros en efectivo en algunas ocasiones.
El empresario ha descrito con detalle el supuesto mecanismo de entrega de estas cantidades, que —según su testimonio— transportaba en sobres o mochilas hasta dependencias del Ministerio. Parte de ese dinero, sostiene, tenía como destino la financiación del partido, una afirmación que ha reiterado varias veces durante su declaración.
Uno de los aspectos más controvertidos de su intervención ha sido su intento de vincular directamente al presidente del Gobierno con estas prácticas. Aldama ha afirmado que preguntó expresamente si el jefe del Ejecutivo conocía las operaciones y que recibió como respuesta que “lo sabía todo”. Sin embargo, no ha presentado pruebas que respalden esta acusación, lo que ha generado escepticismo tanto en la acusación como en el desarrollo del proceso judicial.
El relato del comisionista también ha abordado otros episodios relevantes de la causa, como el uso de lenguaje en clave —en el que el término “café” habría servido para referirse a teléfonos seguros— o la utilización de intermediarios para gestionar pagos en efectivo, incluyendo familiares del entorno de Koldo García.
Asimismo, ha ofrecido su versión sobre operaciones paralelas, como el supuesto pago de un inmueble vinculado al entorno personal de Ábalos o su participación en gestiones políticas internacionales, incluyendo contactos relacionados con la crisis venezolana. Estos elementos amplían el alcance del caso, aunque siguen pendientes de verificación en sede judicial.
La declaración de Aldama se produce en un contexto en el que su credibilidad está bajo escrutinio. El propio empresario ha manifestado en ocasiones su intención de que el actual Gobierno pierda el poder, lo que añade un componente político a sus afirmaciones. A pesar de la gravedad de sus acusaciones, hasta el momento no ha aportado documentación o pruebas concluyentes que sustenten sus palabras.
El juicio continúa con la atención centrada en contrastar estas declaraciones con el resto de testimonios y pruebas periciales. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad penal de los acusados, sino también la solidez de un relato que, de confirmarse, tendría profundas implicaciones políticas. Entretanto, la estrategia de Aldama parece orientada a ampliar el foco del caso hasta las más altas instancias del poder, en un intento que, por ahora, se sostiene únicamente en su testimonio. @mundiario