El pulso judicial en torno a Begoña Gómez entra en una nueva fase marcada por la batalla de los números. La esposa del presidente del Gobierno ha presentado un tercer informe pericial con el que busca desmontar una de las piezas clave de la acusación: la existencia de perjuicio económico para la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La tesis de la defensa es tajante: no solo no hubo daño patrimonial, sino que la actividad de la cátedra generó un superávit de 12.856 euros a favor de la institución pública.
En un contexto donde los delitos de malversación, apropiación indebida o corrupción en los negocios pivotan sobre el uso indebido de recursos, la estrategia de Gómez apunta directamente al corazón del caso. Si no hay perjuicio económico, sostiene implícitamente la defensa, el relato penal pierde uno de sus pilares fundamentales. El informe, elaborado por el profesor de derecho financiero y tributario Jesús Rodríguez Márquez, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, introduce una lectura alternativa de los mismos datos que han alimentado la investigación.
El documento defiende que los fondos destinados a la cátedra de Transformación Social y Competitiva (TSC) no eran recursos públicos discrecionales, sino aportaciones privadas finalistas. Es decir, dinero entregado por empresas para un propósito concreto que debía ejecutarse conforme a lo pactado. Bajo esta lógica, gastar esos fondos no solo no constituía un perjuicio, sino una obligación contractual. No hacerlo, advierte el informe, habría supuesto un incumplimiento que podría haber obligado a la universidad a devolver el dinero.
Las cifras, en este caso, se convierten en argumento. La Complutense recibió 158.400 euros de financiación privada para la cátedra. De esa cantidad, 108.765 euros se destinaron a actividades previstas. A ello se suman 17.600 euros adicionales aportados específicamente para gastos de personal y dirección. Sin embargo, el gasto real en este último concepto fue de apenas 4.743 euros. La diferencia es la que, según el perito, explica el superávit que ahora esgrimido por la defensa. El debate, por tanto, no es únicamente contable, sino conceptual. ¿Puede hablarse de malversación cuando el dinero procede de terceros y está sujeto a un destino previamente acordado?
La batalla del relato económico
La defensa de Gómez cuestiona directamente el cálculo realizado por la universidad, que situaba el perjuicio en torno a los 11.600 euros al comparar ingresos y gastos sin incluir todas las partidas. El informe pericial corrige esa ecuación al incorporar los fondos destinados a personal, alterando así el balance final. Donde antes había déficit, ahora aparece superávit.
Este choque de interpretaciones revela hasta qué punto los procesos judiciales complejos dependen de la lectura técnica de los datos. No se trata solo de cuánto dinero entró y salió, sino de cómo se clasifica, se justifica y se vincula a obligaciones legales. En este caso, la defensa insiste en que cada euro fue aplicado conforme a la normativa y a los convenios firmados con las entidades financiadoras.
Empresas privadas y financiación finalista
Otro de los ejes del informe es el origen del dinero. Empresas como aseguradoras, fundaciones y grandes tecnológicas participaron en la financiación de la cátedra, con aportaciones destinadas a proyectos específicos como el desarrollo de un software para medir el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible en pymes.
Este punto no es menor. Si los fondos son privados y están condicionados, la capacidad de decisión de la universidad sobre su uso queda limitada. Según el perito, la institución no podía elegir libremente si ejecutar o no el gasto: debía hacerlo para cumplir con los compromisos adquiridos. De lo contrario, se exponía a reclamaciones de los patrocinadores.
Más informes, misma estrategia
Este tercer informe no llega solo. Forma parte de una ofensiva más amplia de la defensa, que en las últimas semanas ha presentado otros documentos para contextualizar la actividad de Gómez. Uno de ellos subraya que las cátedras extraordinarias financiadas por empresas son una práctica habitual en la universidad pública. Otro analiza el papel de asesores en entornos gubernamentales, tratando de relativizar el uso de recursos humanos en actividades vinculadas a las parejas de los presidentes.
La acumulación de periciales apunta a una estrategia clara: construir un marco en el que las actuaciones investigadas no sean excepcionales ni irregulares, sino parte de dinámicas normalizadas en la administración y la academia.
Más allá de los tecnicismos, el caso se libra también en el terreno de la percepción. La idea de que una institución pública pueda haber salido beneficiada económicamente introduce un matiz que complica el relato de irregularidad. Sin embargo, en procesos de esta naturaleza, el debate jurídico no siempre coincide con la valoración social.
La justicia tendrá ahora que determinar qué interpretación de los hechos se ajusta mejor a la legalidad. Mientras tanto, el informe presentado por Gómez abre una grieta en la acusación: la posibilidad de que, en lugar de un quebranto, lo que exista sea un saldo positivo. Una diferencia que, en términos penales, puede resultar decisiva. @mundiario