Tras la acusación por parte de la fiscalía estadounidense que presentó por narcotráfico en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el senador morenista Enrique Inzunza.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que no tiene elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados.
Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, resaltó que han quedado notificados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
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La FGR señaló como necesario referir que la propia solicitud de los Estados Unidos requiere que el Gobierno de México tome las medidas necesarias para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que se haya entregada o vaya a entregarse, no divulgue ni se haga del dominio público, como ocurrió con este caso por las autoridades estadounidenses.
“De acuerdo con la propia misiva, que dar a conocer dicha información con otros fines distintos podría ser en detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en los Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan”, expuso el vocero de la FRG, Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.
Detalló que la propia Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que deben tomarse las medidas correspondientes a fin de que toda la información y documentación que se remite en este tipo de casos se maneje con carácter confidencial y reservado, a efecto de proteger la información que ha sido transmitida.
Rocha Moya requiere un juicio de procedencia para obtener una declaratoria, según leyes mexicanas
Además, la legislación mexicana refiere que en el caso de gobernadores y senadores, se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten dichos cargos.
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A su vez, Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, resaltó que la Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
#AlMomento Mensaje a medios del Dr. @UlisesLaraLopez, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía, con relación a la información dada a conocer este día por autoridades de los #EUA sobre funcionarios de #Sinaloa.
— FGR México (@FGRMexico) April 30, 2026https://t.co/dGgY4AMYNm
En contraste, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las Leyes aplicables en la materia, es obligación de la fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación que recibieron , con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud de Estados Unidos.
