La idea de poner policías en un instituto para evitar conflictos toca algo muy profundo: qué entendemos por educación y qué tipo de relación queremos que los adolescentes tengan con la autoridad. Por un lado, la propuesta suele nacer de una preocupación real: agresiones a docentes, peleas graves entre alumnos, acoso, presencia de drogas, situaciones de violencia que desbordan a los equipos directivos y a los protocolos de convivencia.
Cuando un claustro lleva años pidiendo ayuda, cuando las familias sienten miedo al dejar a sus hijos en el centro, es comprensible que aparezca la tentación de “traer a alguien que imponga respeto”. La presencia de un agente puede tener algunos efectos positivos en contextos muy concretos: disuadir conductas claramente delictivas, actuar con rapidez ante situaciones de riesgo, servir de enlace con servicios sociales o con la propia comisaría, e incluso participar en tareas de prevención si el enfoque es muy comunitario y muy bien trabajado.
En algunos países se ha intentado construir la figura del “policía de proximidad” en centros educativos, más como mediador y referente que como sancionador, y en teoría eso suena mejor que la imagen del agente armado patrullando pasillos. Pero, dicho esto, los riesgos y efectos secundarios son enormes, y ahí es donde chirría la medida como respuesta estructural.
Primero, porque desplaza el foco: convierte un problema educativo, social y de recursos en un problema de “seguridad” que se gestiona con lógica policial. Si en un instituto faltan orientadores, educadores sociales, personal de apoyo, formación en gestión de conflictos, tiempo para tutoría y coordinación con servicios de salud mental, meter un policía puede funcionar como parche simbólico que da la sensación de “hacer algo” mientras lo importante sigue sin abordarse.
Segundo, porque envía un mensaje muy potente al alumnado: “este es un lugar peligroso, por eso hay policía dentro”. Eso estigmatiza especialmente a los centros de entornos vulnerables, como si sus estudiantes fueran sospechosos por defecto, y puede reforzar prejuicios racistas o clasistas, sobre todo cuando la mayoría del alumnado es migrante o de familias empobrecidas.
Tercero, porque altera la naturaleza del vínculo educativo. Un instituto debería ser un espacio donde el conflicto se trabaja desde la palabra, la reparación, la responsabilidad compartida, no desde el miedo a la sanción penal. Si un alumno insulta, rompe material o se pelea, la respuesta educativa pasa por entender qué hay detrás, implicar a la familia, trabajar habilidades socioemocionales, construir normas de convivencia sentidas como propias. Si la figura central que aparece es la del policía, el mensaje implícito es: “si te pasas de la raya, esto deja de ser un problema educativo y pasa a ser un problema policial”.
Eso puede silenciar algunos comportamientos, sí, pero también puede romper la confianza, hacer que los chavales se cierren más, que vean el centro como un espacio hostil y no como un lugar donde crecer. Además, hay un riesgo claro de normalizar la vigilancia: cámaras, agentes, controles… y que la escuela se parezca cada vez más a una institución de control que a una comunidad de aprendizaje. También está la cuestión de la formación: un policía está preparado para gestionar delitos y riesgos, no necesariamente para manejar la complejidad emocional de un grupo de adolescentes, ni para entender dinámicas de aula, ni para intervenir sin agravar estigmas. Incluso con la mejor voluntad, puede acabar leyendo como “peligroso” lo que en realidad es un síntoma de sufrimiento, de exclusión o de problemas familiares.
Y luego está el plano político: cuando se abre la puerta a la presencia policial estable en centros educativos, se abre también la posibilidad de usar esa presencia para controlar ideológicamente, vigilar protestas estudiantiles, intimidar a colectivos concretos o intervenir en debates que deberían resolverse desde la autonomía pedagógica.
Por todo esto, como medida estructural, meter policías en institutos es una mala idea: confunde seguridad con convivencia, trata síntomas con herramientas de control y no ataca las causas profundas de la conflictividad, que tienen que ver con desigualdad, salud mental, precariedad, falta de recursos y modelos educativos poco inclusivos.
Si de verdad queremos reducir conflictos, el camino pasa por invertir en equipos de orientación, educadores sociales, psicólogos, formación en mediación y justicia restaurativa, reducción de ratios, trabajo con familias y barrios, y por asumir que la convivencia no se “vigila”, se construye.
La pregunta de fondo no es solo “¿ponemos policías o no?”, sino “¿qué nos está diciendo este aumento de conflictos sobre cómo estamos cuidando a nuestros adolescentes y a sus escuelas?”. Ahí es donde duele más mirar, pero también donde están las respuestas que de verdad transforman algo.
El aumento de conflictos en los institutos nos está diciendo que algo profundo se ha desajustado en la forma en que acompañamos a los adolescentes y en cómo sostenemos a las escuelas, porque cuando un centro educativo empieza a mostrar más tensiones de las habituales no suele ser un fenómeno aislado sino el síntoma visible de un malestar más amplio que afecta a las familias, a los barrios, a la salud mental juvenil y a la capacidad de los centros para responder a necesidades cada vez más complejas. @mundiario