La base de la acusación de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es tan sencilla como que, a cambio de recursos para su campaña, le ofreció a Los Chapitos’, protección e impunidad.
No se hagan bolas buscando interpretaciones en una acusación que es bastante entendible hasta para los más radicales de Morena:
“Los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a los Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”.
La historia de la candidatura a la gubernatura, impuesta por Andrés Manuel López Obrador a pesar de que Rocha Moya no ganó la encuesta de Morena, dicho por él mismo, siempre estuvo cargada de polémica.
Ayer el diputado del PAN, Federico Döring, recordó que una militante morenista, Jocelyn Hernández, quien participó en la campaña de Rocha, declaró ante una Corte en Estados Unidos ser testigo de cómo el Chapo Isidro, entregaba maletas de dinero al hoy gobernador en su casa de campaña.
Hernández renunció a la campaña, desde luego, pero su testimonio forma parte de las investigaciones que realiza el gobierno de Estados Unidos sobre el gobernador.
También existen cientos de testimonios de cómo el crimen organizado, el día de la elección, secuestró a decenas de representantes de casilla, principalmente del PRI, para que los morenistas no tuvieran problemas a la hora del conteo de votos.
Los funcionarios de casilla que fueron secuestrados y la dirigencia estatal del partido acudieron a denunciar ante el gobernador Quirino Ordaz Coppel, de extracción tricolor, que decidió voltear para otro lado y dejó que el proceso electoral que, por las irregularidades debió ser anulado, siguiera su curso procesal.
A cambio fue recompensado con la embajada de México en España, un exilio dorado.
Esos hechos, sumados a las confesiones realizadas tanto por los hijos del Chapo detenidos en Estados Unidos y el testimonio de Ismael Zambada, El Mayo, el histórico fundador del Cártel de Sinaloa que acusó a Rocha Moya de haberle tendido una emboscada para que los hijos del Chapo Guzmán lo secuestraran y llevaran a Estados Unidos, forman parte de lo que aquí se llamaría “la carpeta de investigación’’.
El Gobierno mexicano reaccionó a la defensiva.
Acusó de recibido la orden de extradición aunque, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República enfatizaron, una y otra vez, que la petición de extradición “no presenta evidencias contundentes’’.
La presidenta Claudia Sheinbaum no emitió ningún pronunciamiento; hoy seguramente dirá que corresponde a la FGR investigar y dar información.
Pero no tendría que ser el caso.
Sheinbaum en reiteradas ocasiones acudió a Sinaloa a levantar la mano al gobernador y a garantizar el respaldo a su gobierno.
Hoy, la Presidenta tendrá que decidir si sacrifica a un alfil de Morena con todos los costos políticos de credibilidad, de la moral superior de la que hablan funcionarios guindas de todos los niveles o arriesgar la relación con Estados Unidos, en un momento clave de una negociación comercial de la que depende el futuro del país.
No es una decisión sencilla.
Desde ayer se trató de afianzar en las redes sociales una narrativa de que Estados Unidos lanzó este “ataque’’ para neutralizar el escándalo de los agentes de la CIA muertos en Chihuahua después de un operativo para la destrucción de tres laboratorios de metanfetaminas.
Pero no pudieron contrarrestar los hashtags “narcogobierno’’, “rochamoyanarco’’ y otros por el estilo.
Sheinbaum tiene la oportunidad de actuar como estadista o como dirigente partidista.
@adriantrejo