La declaración de Koldo García ante el Tribunal Supremo ha marcado un nuevo capítulo en el juicio por la presunta trama de las mascarillas, con un relato diametralmente opuesto al ofrecido en la jornada anterior por el empresario Víctor de Aldama. El antiguo asesor del Ministerio de Transportes ha negado de forma tajante haber recibido pagos periódicos de 10.000 euros en efectivo, así como cualquier tipo de regalo relevante vinculado a las adjudicaciones investigadas.
Frente a las acusaciones de la Fiscalía, García ha insistido en que su papel durante los meses más críticos de la pandemia se limitó a trasladar propuestas empresariales para la adquisición urgente de material sanitario. En ese contexto, ha reconocido que puso en contacto al ministerio con la empresa vinculada a Aldama, pero ha subrayado que carecía de capacidad de decisión en los procesos de contratación. “No tenía competencias para adjudicar contratos”, ha defendido, remarcando que la prioridad institucional era abastecerse de mascarillas en un escenario de emergencia global.
Uno de los ejes de su estrategia de defensa ha sido el distanciamiento respecto a las pruebas sonoras presentadas por la Fiscalía. García ha rechazado reconocer los audios en los que supuestamente se alude a movimientos de grandes cantidades de dinero, alegando desconocer su origen y autenticidad. Ha optado por aplazar cualquier explicación detallada a las preguntas de su defensa, evitando entrar en el fondo de conversaciones que el Ministerio Público considera incriminatorias.
El interrogatorio también ha abordado aspectos colaterales de la causa, como los viajes de su hermano a República Dominicana o la gestión de viviendas y estancias vacacionales relacionadas con el entorno de Ábalos. En todos estos puntos, García ha ofrecido versiones alternativas a las sostenidas por la acusación, desligando esas actuaciones de cualquier finalidad ilícita y atribuyéndolas a gestiones personales o circunstancias ajenas a la trama investigada.
Asimismo, ha admitido haber intervenido en la búsqueda de alojamiento para personas cercanas al exministro y en la tramitación de reuniones o contactos institucionales, aunque siempre —según su versión— dentro de un marco informal y sin capacidad ejecutiva. En relación con la contratación de allegados en empresas públicas, ha negado haber influido de manera determinante, defendiendo que desconocía posibles irregularidades y que asumía que se trataba de situaciones de teletrabajo.
La sesión no ha estado exenta de tensión. Durante varios momentos, García ha mostrado incomodidad ante la insistencia del fiscal, llegando a protagonizar intercambios ásperos que obligaron a la intervención del tribunal para reconducir el tono del interrogatorio.
Con su testimonio, el exasesor intenta desmontar la tesis de la Fiscalía, que sostiene la existencia de una red de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos durante la pandemia. Sin embargo, la falta de explicaciones sobre algunos elementos clave —como los audios o determinados movimientos económicos— deja abiertas incógnitas que previsiblemente seguirán marcando el desarrollo del juicio en las próximas sesiones. @mundiario