El gobierno de México enfrenta un escenario crítico en su relación con Estados Unidos, al tener que decidir si extradita o no al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por las autoridades del vecino país. Sin duda hoy se prestará especial atención a la postura que fije la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el requerimiento de Estados Unidos que, además del mandatario sinaloense, va contra el senador morenista, Enrique Inzunza; el alcalde de Culiacán, también emanado de Morena, Juan Gámez, así como otros siete exfuncionarios de Sinaloa.
Aunque de entrada la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, prácticamente rechazaron la solicitud de Estados Unidos para la detención con fines de extradición de los funcionarios señalados por considerar que no presenta “evidencias contundentes”, lo relevante será lo que hoy declare la Presidenta por la magnitud de las consecuencias que puede tener para su gobierno, para Morena y para México.
El controvertido Rubén Rocha no sólo rechazó los señalamientos, también presumió el respaldo de la mandataria y que habló con ella y que estaban “tranquilos”, algo que muchos dudan porque las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa implican penas de 40 años a cadena perpetua y adicionalmente se anticipan fuertes presiones del gobierno de Donald Trump.
No sólo se trata del destino de esos políticos acusados, sino qué seguirá en el País, si habrá investigaciones, castigos a la corrupción y no impunidad, así como qué pasará en la relación con Estados Unidos con asuntos abiertos en seguridad y comerciales como el TMEC con una revisión en puerta.
El solo anuncio de ayer tiene muchas lecturas, pero la coincidencia es que es un fuerte golpe que se vincule al gobernador morenista con el crimen organizado con una acusación formal y es sólo el inicio de una serie de investigaciones que tiene Estados Unidos desde hace tiempo sobre políticos mexicanos. Eso, por más que se quiera minimizar, para muchos es preocupante.
MÁS CAMBIOS EN BC
En Baja California los cambios no paran, al menos dentro del gabinete de gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda, quien este miércoles recurrió a sus redes sociales para anunciar la salida de Francisco Molina del Instituto de la Juventud del estado.
De acuerdo a la versión de la titular del Ejecutivo del Estado, Molina presentó su renuncia como Director de Juventud BC.
“Quiero agradecerle todo su compromiso y entrega durante su gestión, en la que logró consolidar el Transporte COMUNDER en todo el estado, impulsar las becas JOBEC y brindar apoyo constante a miles de jóvenes bajacalifornianos”, escribió Avila Olmeda.
La salida de Francisco Molina se da en medio del proceso previo al inicio de la lucha formal por las candidaturas de Morena para la elección de 2027, por lo que es muy probable que lo veamos trabajando, sino en una campaña personal, muy probablemente esté apoyando las aspiraciones de la senadora, Julieta Ramírez, de quien se sabe es muy cercano.
VIOLENCIA ESCOLAR
Muy sintomática de lo que hoy se vive y se reporta, pero sobre todo reveladora resultó la encuesta dada a conocer por las autoridades de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC), en la que se revela que el 67.4% de sus estudiantes ha sufrido o presenciado al menos una agresión física o mental dentro del plantel. En la encuesta del clima escolar Perfil del Estudiantado y Percepción de Seguridad del ciclo escolar 2025-2026, participaron 2 mil 940 alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre. Son diversas las evidencias que arroja el estudio sobre la difícil realidad que viven algunos alumnos de la PFLC, pero que sin duda se replican en otros centros educativos de la ciudad y del resto de los municipios de Baja California.
La violencia a la que se refieren los jóvenes tiene que ver con burla o rumores (48%), exclusión de grupo (35%), daños a pertenecías (23%) “ciberbullying” (14%) y hasta agresión física (10%).
La encuesta se da a conocer en un contexto en el que la comunidad estudiantil, principalmente de secundaria y preparatoria, se encuentra en el ojo del huracán por las numerosas amenazas recibidas en días recientes en escuelas de todo el estado, que han obligado en no pocas ocasiones a las autoridades educativas a suspender las clases presenciales de manera preventiva, pero también de tomar medidas más severas de seguridad.
