Durante décadas, la comunidad internacional ha repetido una escena casi ritual en las cumbres climáticas de la ONU. Se habla de reducir emisiones, se anuncian metas y se redactan acuerdos, pero se evita nombrar el origen principal del problema. Como si un médico tratara la fiebre sin mencionar la infección, la diplomacia global ha esquivado la palabra que lo explica todo: combustibles fósiles.
En la ciudad colombiana de Santa Marta, 57 países han decidido cambiar el guion. Allí se ha celebrado la primera Conferencia sobre la Transición para ir más allá de los Combustibles Fósiles, un encuentro que ha reunido a gobiernos que representan alrededor del 30% del PIB mundial y del consumo energético fósil. No es una cifra definitiva, pero sí lo bastante grande como para incomodar a quienes prefieren que nada se mueva.
El veto como freno del planeta
El principal obstáculo no es técnico, sino político. En las COP, donde participan cerca de 200 países, las decisiones se adoptan por consenso. Esto significa que un solo Estado puede bloquear cualquier mención incómoda. En la práctica, los grandes productores de petróleo, gas y carbón han convertido el lenguaje en un campo de batalla, logrando que los acuerdos se llenen de eufemismos mientras el termómetro global sigue subiendo.
Esa frustración se ha acumulado durante años, especialmente tras la última cumbre celebrada en Belém, donde volvió a imponerse el silencio oficial sobre el fin de la era fósil. Por eso, Santa Marta no es solo una reunión más. Es el síntoma de que la paciencia se agota y de que algunos países han decidido abrir un carril paralelo.
Una transición con costes y con ganadores
La coalición nacida en Colombia es diversa. Incluye tanto países productores como Colombia, Brasil, Noruega o Canadá, como grandes consumidores como España, Alemania o Reino Unido. Esta mezcla es clave, porque el problema no es solo abandonar los combustibles fósiles, sino gestionar las consecuencias económicas y sociales de hacerlo.
Aquí aparece una cuestión central que muchas veces se esconde. La transición energética no es automática ni gratuita. Implica reconvertir empleos, sustituir ingresos fiscales en países dependientes del petróleo y evitar que el coste recaiga, como siempre, en los hogares más vulnerables. Por eso se han planteado debates sobre eliminar subsidios al sector fósil, reformar el sistema financiero internacional y facilitar mecanismos para aliviar deuda externa en países con menos recursos.
En Santa Marta se han recogido más de 600 aportaciones y se crearán grupos de trabajo sobre fiscalidad, subsidios y emisiones del sector productor, además de un panel científico para orientar el abandono del carbón, el petróleo y el gas.
El mensaje que nadie debería ignorar
La ausencia de China, primer emisor mundial, y de Estados Unidos, segundo contaminador global, evidencia el límite de esta iniciativa. Sin ellos, el impacto será parcial. Pero también deja una lección clara: el mundo no puede esperar eternamente a quienes tienen intereses atados al pasado.
La transición energética ya no se justifica solo por razones ambientales. La guerra en Oriente Próximo ha demostrado que depender del petróleo y el gas es vivir en una cuerda floja. Europa lo sabe bien. Cada crisis energética es un recordatorio de que el modelo fósil no solo calienta el planeta, también convierte economías enteras en rehenes de conflictos externos y de mercados volátiles.
Al final, Santa Marta deja una idea incómoda pero necesaria. Si el multilateralismo se atasca por el veto de unos pocos, habrá que construir acuerdos entre quienes estén dispuestos a actuar. No es el escenario ideal, pero es mejor que seguir discutiendo mientras la casa arde. Y lo que está en juego no es un texto diplomático, sino la posibilidad de que el futuro sea habitable. @mundiario